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Por Pascal Beltrán del Rio
Con frecuencia escucho la advertencia de que el gobierno federal pretende usar los programas sociales para formar una clientela electoral que permita a Morena mantenerse en el poder más allá de 2024.
Ese temor se ha venido expresando con mayor intensidad desde el sábado, cuando se presentó al Congreso el paquete económico 2019, que incluye el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Éste contempla recursos públicos cuantiosos para diversos programas sociales que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en campaña. Por ejemplo, las becas para jóvenes, transferencias para personas discapacitadas y el incremento al doble de la pensión universal para adultos mayores.
Debo decir que no comparto la visión de que dichos programas garantizan la lealtad política absoluta de los beneficiarios. La memoria es corta para recordar que ni siquiera al PRI en su etapa hegemónica le alcanzaba el presupuesto para ello. El problema que le veo a gastar tantos recursos en transferencias es otro y es doble.
Por un lado, como explicaba ayer en este espacio, los programas de lucha contra la pobreza no han tenido el menor éxito en cuatro décadas de aplicarse. Para efectos de sacar a personas de la miseria, no han funcionado. Sólo han logrado prolongar la dependencia de los beneficiarios.
Y tampoco son fiables como instrumento electoral. Hace unos años, con motivo de los comicios federales de 2009 y 2012, crucé los datos del programa Oportunidades con los resultados de votaciones anteriores y era imposible deducir que los pobres sufragaban por el partido del gobierno con base en los apoyos que recibían de éste. Además del desperdicio de recursos públicos que podrían tener un mejor fin, el otro aspecto que me preocupa es que una vez creados esos derechos –pensiones y becas–, va a ser muy difícil revisarlos.
Por ejemplo, ¿debe llevarse al doble la pensión universal para adultos mayores sin hacer los cálculos de lo que costará a futuro? Mi pregunta nada tiene que ver con que los beneficiarios la merezcan o la necesiten, sino con que se pueda pagar.
Bien sabemos que la población mexicana está en un proceso de envejecimiento y cada año que pasa la proporción de adultos mayores respecto del resto de los habitantes del país es mayor. No he visto ningún estudio del actual gobierno sobre la forma en que irá creciendo el peso financiero de esa pensión en los años por venir.
Recibí ayer una proyección sobre el costo de la pensión universal a futuro, elaborada por un especialista en el tema que no desea ser citado. De acuerdo con sus cálculos, el monto de los recursos públicos destinado a dicho programa en 2019 tendría que incrementarse 9.3% en 2020; 9.1% en 2021; 9% en 2022; 8.9% en 2023, y 8.7% en 2024.
¿Qué quiere decir esto? Que los 100 mil millones de pesos asignados en el proyecto del PEF para el año entrante, seguramente, se traducirán en casi 155 mil millones de pesos para el último año del presente sexenio sin considerar el efecto inflacionario.
De por sí, ejercicio tras ejercicio, va creciendo la porción de los gastos obligatorios dentro del presupuesto, dejando al gobierno federal cada vez menos “espacio fiscal”.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 82.7% del proyecto de PEF para 2019 corresponde a gastos obligatorios –que crecieron 5.6% respecto del aprobado el año pasado–, y se propone destinar casi 985 mil millones de pesos a todo tipo de pensiones, un incremento real de 18.1% comparado con 2018.
De verdad, ¿dan para tanto las finanzas públicas, cuando en los propios Criterios de Política Económica del Paquete se espera que el crecimiento del PIB no supere 2.8% en ninguno de los años del sexenio?
Imagine la campaña electoral de 2024. ¿Qué candidato presidencial en su sano juicio se va a atrever a decir que se propone reducir o quitar alguna de las pensiones o becas, aunque sepa que el erario no alcanza para pagarlas?
Buscapiés
El proyecto de Presupuesto 2019 incluye una reducción real de aportaciones federales para Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro, quien parece destinado a ser un contrapeso político del Centro. El año pasado, López Obrador llamó “demagogo”, “simulador”, “politiquero” y “falso” a Alfaro –entonces alcalde de Guadalajara–, y lo acusó de andar “en alianza con los políticos corruptos”. El video en que hace esa declaración se ha vuelto viral en redes sociales, como si fuera reciente, y eso ocurre en el contexto de las quejas de Alfaro sobre el trato que se da a Jalisco en el próximo PEF. Debe tener cuidado López Obrador en el trato hacia él, pues la última vez que un Presidente de la República se enganchó con un gobernador, se creó un fenómeno electoral llamado… Andrés Manuel López Obrador. Información Excelsior.com.mx