El costo del desprecio

Por: Martín Espinosa

Si partimos del principio democrático que sentencia que todos los ciudadanos contribuimos, en mayor o menor medida, a fomentar una forma de gobierno de “las mayorías” y que los recursos que todos aportamos sirven para el pago de quienes cumplen la función de ejercer el gobierno bajo la búsqueda del bien de todos, entonces es pertinente decir que quienes pagamos el salario de todos nuestros gobernantes somos los propios ciudadanos a través de nuestras aportaciones, vía impuestos o pago de derechos y obligaciones, que nos cobran aquellos que nos gobiernan bajo nuestro consentimiento.

Por lo tanto, quienes pagamos sus salarios tenemos el derecho de exigirles resultados en su función de gobernantes, así como a quienes forman parte de las instituciones más representativas de esa democracia y que son los partidos políticos. Al ser organizaciones de “interés público” por todo lo que representan, sus recursos provienen de las mismas aportaciones ciudadanas, cuya distribución se establece en las leyes que los propios legisladores proponen y aprueban. Ahí se establece la manera en que dichos recursos monetarios se entregan a los partidos y la forma en que lo hará la autoridad electoral representada por el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales de cada estado del país.

Sin embargo, ante los excesivos montos que de unos años a la fecha se le entregan a los partidos políticos en México, montos que contrastan con lo que recibimos la mayoría de los ciudadanos por desempeñar un empleo en el mercado formal de la economía, y muchas veces hasta en el informal, el descontento popular se acrecienta, principalmente, cuando hay año electoral, como sucederá en 2018.

Cada año, por estas fechas, surge el mismo debate, el cual, como siempre sucede, nunca fructifica en medidas concretas para acotar el monto que reciben los partidos por desempeñar su trabajo a favor de la democracia. Cada que se discute el monto del dinero que se destinará al año siguiente a los partidos y que formará parte del presupuesto de egresos de la Federación es la misma discusión y el mismo hartazgo popular frente a la falta de resultados de las instituciones encargadas de guiar la vida política institucional del país.

Y es que parafraseando a algunos presidentes del pasado que argumentaban que al darle dinero a la prensa para que hablara bien de ellos y su gobierno decían que “nadie paga para que le peguen”, a los ciudadanos nos sucede lo mismo, pero con la salvedad de que quienes tienen “secuestrada” la vida política nacional no permiten reformas a la ley que terminen con el despilfarro de recursos a través de la actividad político-partidista. Sería como darse “un balazo en el pie”. Y con ello persiste la asignación de recursos multimillonarios como lo que sucederá el año próximo, año de elecciones presidenciales, entre otras.

Como usted sabe, estimado lector, el INE acaba de aprobar la nada despreciable cantidad de 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos y candidatos que contenderán el próximo año. Se trata “del presupuesto más alto de la historia que el Estado mexicano destine para financiar a la política”, según palabras de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Dos razones de la molestia ciudadana: una, que no existe proporcionalidad entre el monto destinado a la democracia con los supuestos beneficios que la gente observa en su vida diaria. Y dos, el cada vez mayor desprecio de la clase política a las necesidades del pueblo. Es decir, pagamos para que nos desprecien. Mal negocio. Información Excelsior.com.mx