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Por Jorge Fernández Menéndez
En agosto del año pasado hablábamos aquí de lo que llamamos la estrategia de la cárcel, que comenzaba a ser evidente en Veracruz, en Chihuahua, en Nuevo León, en Quintana Roo y en otras entidades, como Sonora y Tabasco y que se ha propagado en muchos otros estados, donde la búsqueda de legitimación pasa, en muchas ocasiones, por meter a la cárcel a un rival político luego de que hiciera poco o mucho tiempo que hubiera dejado el poder. Es una lógica más de venganza que de justicia.
Decíamos entonces y repetimos ahora que “no interesa defender a ninguno de los involucrados en estos casos, pero hay que insistir en que pasar de las denuncias a las acusaciones formales y de allí a las condenas, implica recorrer un trecho muy largo, donde no hay garantías legales de siquiera encontrar pruebas que permitan castigar a los presuntos responsables. Y, por el contrario, si eso no sucede, los que se debilitan son los propios acusadores. La estrategia política de la cárcel sólo sirve cuando se tienen todos los elementos necesarios como para que ese argumento vaya acompañado de la acción de la ley. Si no es así, todos, acusadores y acusados, pueden terminar perdiendo, y con ellos se pierde, también, la confianza y la gobernabilidad del país”. Y en muchos de los casos que se publicitan cotidianamente no se ven, más allá de la acusación política de un presunto delito, demasiadas pruebas que avalen la acusación.
El reciente caso del exgobernador Eugenio Hernández lo refleja. Aquí, en muchas ocasiones hemos insistido en la notable cantidad de pruebas y testimonios que existen contra el antecesor de Hernández en el gobierno de Tamaulipas, contra Tomás Yarrington, detenido con fines de extradición en Italia (e incluso, en su caso, las pruebas para lograr la extradición ya sea a México o a Estados Unidos, no parecen ser tan contundentes para la justicia italiana, pero ésa es otra historia), pero también dijimos que las acusaciones que habían hecho testigos protegidos en Estados Unidos contra Hernández no tenían sustento. Las supuestas operaciones de lavado de dinero no habían sido realizadas por él y no existían pruebas que lo vincularan a esos delitos. Lo mismo entendió la Procuraduría General de la República que nunca libró orden de aprehensión contra Hernández. Por eso el exgobernador estaba en libertad y conservaba todos sus derechos en el país.
Adicionalmente, en las investigaciones que durante años realizamos sobre temas de narcotráfico, consultando a los hombres que manejaron la lucha contra los cárteles en Tamaulipas, siempre coincidieron en que Hernández no fue un gobernador comprometido en la lucha contra el narcotráfico, en el sentido de que consideraba que el eje de la misma era una labor del gobierno federal (como lo entendían, erróneamente, la mayoría de los gobernadores durante el gobierno de Felipe Calderón), pero no era un gobernador involucrado con esos grupos criminales, como podría serlo, por ejemplo, el propio Yarrington.
Por eso también sorprendió que, con base en una acusación de la procuraduría estatal, basada en una venta de terrenos del 2002, cuando Hernández ni siquiera era gobernador, se le detuviera con una notable exhibición de fuerza, se catearan sus propiedades argumentando que se buscaba en ellas a cómplices y que el juez del caso, contra el derecho del acusado, no le permitiera ejercer su defensa en libertad condicional.
El caso no tiene sustancia, por lo menos, en lo que se ha conocido públicamente. El fiscal anticorrupción del estado, muy cercano al gobierno estatal, habla de otros 14 cargos contra el exgobernador pero no los presenta y todo parece ser una suerte de venganza
política interpartidaria que deja a un hombre con presunción de inocencia en la cárcel.
No deja de ser significativo que personajes como Pancho Cayagua, el ahora asesinado líder del cártel Unión Tepito, haya logrado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, su libertad casi inmediata luego de ser detenido y acusado de todo tipo de crímenes, incluyendo asesinatos, y personajes que pueden o no haber cometido un delito, pero cuyos procesos no han pasado siquiera por el ámbito civil y administrativo, se les aplique todo el peso de la ley antes, siquiera, de ser juzgados.
Insisto: no se trata de defender a ninguno de los involucrados en estos casos, incluyendo a Eugenio Hernández. Se trata de comprender que la estrategia política de meter gente, políticos o expolíticos, a la cárcel como parte de la lucha política para luego ver si son o no responsables de un delito, supuestamente cometido, como el de Hernández, hace más de 15 años, no es sensata ni sana para la salud política del país.
Y ENRIQUE SIGUE AHÍ
Apenas el viernes hablábamos de que en la mesa presidencial había también cuatro nombres de cara al 2018 y que el presidente Peña no había tomado aún ninguna decisión. Este fin de semana, esos cuatro hombres: Meade, Osorio, Nuño y Narro estuvieron ante una pasarela priista en Mazatlán, pero a ellos se sumó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien desde que se dieron a conocer aquellos cuatro nombres, siempre ha insistido que en realidad, con él eran cinco. Información Excelsior.com.mx