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Por Pascal Beltrán del Rio
De los dos mil 457 municipios que hay en México, en mil 993 se elegirán autoridades locales en los comicios del domingo 1 de julio de 2018.
Dicha cifra incluye a las actuales 16 delegaciones de la Ciudad de México, que pasarán a convertirse en alcaldías por disposición de la nueva Constitución capitalina.
Nunca en la historia moderna del país se ha elegido, en un solo día, un número tan grande de ayuntamientos.
De hecho, todas las entidades federativas del país tendrán comicios municipales el año entrante –en la misma fecha se renueva la Presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión, además de otros cargos estatales–, salvo siete: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz.
Los hechos de los tres años más recientes han mostrado que la histórica debilidad del último eslabón de la cadena de la administración pública sigue incólume.
Construido de forma vertical, el sistema político mexicano ha dejado frecuentemente en el olvido al municipio, lo que ha generado problemas para millones de habitantes.
El más serio es la inseguridad. Datos de la Secretaría de Gobernación, dados a conocer el año pasado, señalan que prácticamente la mitad de los municipios del país carece de una corporación de seguridad pública propia. Y únicamente 14 estados de la República tienen cuerpos de policía en todas sus demarcaciones.
La indefensión de los municipios frente a fenómenos como la penetración de la delincuencia organizada en la estructura administrativa ha pretendido combatirse mediante la creación de mandos estatales únicos o mixtos. Pero han pasado siete años de que se pusieron en boga esas ideas por primera vez y nunca han logrado concretarse.
En los municipios en los que no hay policía por falta de presupuesto o porque sus agentes han huido por miedo a los criminales, la única protección que existe es la que proveen –en la medida de sus capacidades– las corporaciones policiacas estatales y federales, así como las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, esta ayuda ha sido claramente insuficiente, como lo demuestran los casos de municipios donde la delincuencia ha sentado sus reales mediante el secuestro de las labores de seguridad pública, entre otras.
Así ha sucedido en ese lapso en localidades como Iguala, Guerrero; Atzitzintla, Puebla; Jungapeo, Michoacán; la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, y, recientemente, Mazatepec, Morelos.
En ese último municipio, el alcalde Jorge Toledo Bustamante fue amenazado poco antes de que tomara posesión del cargo, el 1 de enero de 2016, para que entregara al cártel de Los Rojos el control de las obras y la seguridad en el municipio, además de cinco millones de pesos y la contratación en el ayuntamiento de una persona cercana al grupo.
De acuerdo con un video que se ha dado a conocer, Toledo, quien fue responsable de Reinserción Social en la anterior administración estatal, aceptó las condiciones para que lo dejaran gobernar, durante un diálogo con personas armadas que tuvo lugar en un paraje rural. “Yo no me voy a meter con nadie, ustedes hagan su trabajo”, prometió a sus extorsionadores.
Toledo era parte del mismo grupo de ediles electos que Gisela Mota Ocampo, de Temixco, quien fue asesinada al día siguiente de la toma de posesión. Dicho homicidio –por el que cuatro involucrados fueron sentenciados a 45 años de cárcel en diciembre pasado– ha sido atribuido al mismo grupo criminal.
Esa situación de debilidad de las autoridades municipales frente a la delincuencia se reproduce en muchas entidades.
Hay que imaginar lo que puede ocurrir cuando se elijan tantos ayuntamientos de forma simultánea, sobre todo en confluencias regionales como la de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, o la de Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
Será la oportunidad para los grupos delictivos de capturar, desde las campañas, a las futuras autoridades municipales, sin que haya recursos de seguridad suficientes para atender todos los casos y disuadir a los criminales.
Las elecciones municipales del año entrante –cuando se renovará, insisto, el 81% de los ayuntamientos del país– debieran ser un foco rojo para los gobiernos federal y estatales, particularmente cuando va al alza la violencia criminal en varias partes de la República. Información Excelsior.com.mx