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CONKAL, Yuc., 12 de mayo 2026.- Luego del reciente cierre de una granja porcícola en la comisaría de Santa María Chí, al sur de Mérida, habitantes de otras comunidades piden que las autoridades ambientales pongan mayor atención a casos similares que —aseguran— continúan operando en condiciones irregulares.
Uno de los señalamientos se centra en la comisaría de Santa María Rosas, en el municipio de Conkal, donde vecinos reportan presuntas afectaciones ambientales derivadas de la operación de una granja identificada como “Gal Porcícola”. De acuerdo con reportes atribuidos a Manuel Quijano, presidente de la Asociación de Porcicultores de Yucatán, la instalación sería de su propiedad.
Pobladores afirman que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha recibido múltiples quejas e incluso ha realizado visitas de verificación en el sitio, donde —según los denunciantes— se habrían observado condiciones inadecuadas para el manejo de desechos. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no se han aplicado medidas correctivas.
Señalan además que, en imágenes satelitales disponibles desde 2025, se observan manchas que asemejan lagunas alrededor de la granja, lo que, a decir de los vecinos, podría indicar filtraciones o un manejo deficiente de residuos porcinos. Estas presuntas irregularidades, agregan, han generado olores persistentes que afectan a quienes habitan en las inmediaciones.
El cierre de la granja en Santa María Chí fue informado en su momento por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como parte de una estrategia para fortalecer la gestión integral y sustentable en la evaluación del impacto ambiental de las unidades de producción porcícola en el estado.
Ante ello, habitantes de Conkal consideran que el mismo criterio debería aplicarse a otras instalaciones que, señalan, continúan operando pese a las denuncias ciudadanas.
Los vecinos hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para que revisen el caso y determinen si la operación de la granja cumple con la normatividad ambiental vigente, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
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