Por Pascal Beltrán del Rio
Durante su intervención en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta Guillermo del Toro lanzó una reflexión desgarradora sobre la crisis de agua contaminada que padece Guadalajara. El galardonado director tapatío afirmó que “es increíble que una cosa básica como tener agua limpia tenga que pelearse”.
Las palabras de Del Toro encierran una verdad inapelable. Más allá de las disputas partidistas y de la politización en torno del gobierno de Jalisco, el episodio expone una fractura estructural del país. En México se ha vuelto cotidiano litigar lo elemental, porque los recursos presupuestales para financiar la infraestructura hídrica, la salud pública o la vivienda social menguan con cada ciclo fiscal.
La explicación de este deterioro cotidiano se encuentra en las entrañas de las finanzas públicas nacionales. Cada año, la elaboración del Paquete Económico pone en evidencia cómo una porción creciente del gasto presupuestario queda comprometida de antemano. El Estado mexicano padece una asfixia financiera provocada por la acumulación de obligaciones ineludibles. Entre el pago de las pensiones, los compromisos de los programas sociales elevados a rango constitucional y el creciente costo del servicio de la deuda externa e interna, el margen de maniobra institucional ha quedado reducido al mínimo.
Las cifras del gasto público proyectadas confirman la gravedad del panorama. De la bolsa total que integra el Presupuesto de Egresos de la Federación, al gobierno federal le quedará un margen libre equivalente a cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Esta cantidad representa alrededor de un billón y medio de pesos para atender las necesidades colectivas de más de 130 millones de habitantes. Con esa bolsa residual el país debe dar mantenimiento a las tuberías, construir plantas tratadoras, modernizar los hospitales públicos, reparar escuelas y carreteras, financiar la seguridad e impulsar el desarrollo urbano, entre muchas otras cosas. Es una cobija financiera a todas luces insuficiente para cubrir las carencias acumuladas durante décadas.
Un país que agota sus arcas en pagar gastos fijos sin destinar inversión productiva a sus redes básicas condena a sus comunidades a defender a gritos el derecho al agua potable. Del Toro acertó en su diagnóstico social. Falta ver si el liderazgo político del país muestra la altura requerida para corregir el rumbo financiero antes de que la escasez de recursos públicos termine por ahogar la vida cotidiana de los gobernados y, con ello, se multipliquen los episodios de disenso social.
*En cuestión de día y medio, el exfiscal chihuahuense César Jáuregui fue aprehendido por autoridades de ese estado, liberado por un juez del fuero común, y detenido, por segunda vez, por agentes federales y conducido al penal de El Altiplano, por presuntamente haber permitido que elementos de la CIA participaran en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la zona serrana de El Pinal, en abril pasado. No consta que Jáuregui haya autorizado la presencia de los extranjeros, pero ya lo inculparon de “traición a la patria” —una figura legal que se había usado por última vez hace 81 años—, bajo la premisa de que él era responsable en ese momento de la Fiscalía estatal. Claro, esa misma lógica no operó para Ignacio Ovalle, titular de Segalmex; Florencia Serranía, directora del Metro capitalino; Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, y Francisco Garduño, del Instituto Nacional de Migración. En esos casos, fueron subalternos quienes pagaron el pato por delitos ocurridos durante su gestión. Ya sabe usted: la justicia selectiva de los tiempos de la Cuatroté. Información Excelsior.com.mx
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