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MÉRIDA, Yuc., 15 de septiembre 2025.- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas y alimentos procesados desde 2014 se perfila para un nuevo aumento en 2026. Sin embargo, la evidencia revela una paradoja: mientras la recaudación ha crecido más de 40% en términos reales, los indicadores de salud pública no han mejorado. La prevalencia de diabetes aumentó de 9.2% en 2012 a 12.6% en 2023, y la obesidad en adultos pasó de 32% a 37.1% en el mismo periodo.
Los estudios muestran que el impuesto es poco efectivo para modificar hábitos de consumo. En lugar de reducir significativamente la ingesta, los consumidores suelen desplazarse hacia marcas más baratas, que cuestan hasta 75% menos que las líderes.
El IEPS también presenta un efecto regresivo: los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de su gasto a refrescos y botanas, por lo que un incremento en la cuota encarece su canasta básica y eleva la pobreza. Proyecciones recientes indican que un aumento de un peso por litro podría sumar 84 mil personas en condición de pobreza y 32 mil en pobreza extrema.
El impacto productivo tampoco es menor. Un alza de esa magnitud podría contraer 5.6% la producción del sector, con la pérdida de más de 8 mil empleos directos y alrededor de 100 mil indirectos. Además, afectaría a las tienditas que dependen de estos productos para sostener sus ventas diarias: en Yucatán existen cerca de 24 mil pequeños comercios de este tipo, que ya operan con márgenes reducidos y que serían los primeros en resentir la caída de clientes.
Un incremento sustancial al IEPS podría traducirse en una caída de hasta 5.6% en la producción nacional y la pérdida de 170,000 empleos directos e indirectos en la cadena de valor (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2024).
Queda claro que el problema de salud pública en México no se resolverá únicamente con impuestos. Mientras el país invierte apenas 2.9% del PIB en salud pública —frente al 6 a 8% que destinan los países de la OCDE—, persisten rezagos en agua potable, educación nutricional y prevención. Sin políticas integrales que acompañen al IEPS, la medida se limita a engrosar las arcas públicas sin revertir la obesidad ni la diabetes, al tiempo que presiona a los pequeños comercios y a las familias de menores recursos.
Inclusive, experiencias internacionales refuerzan la necesidad de analizar con cuidado: en Chicago, un “soda tax” aprobado en 2017 fue derogado a las ocho semanas por su impopularidad y afectación al comercio (Cook County Government, 2017); en Dinamarca, el llamado “impuesto a la grasa” fue eliminado al año de su entrada en vigor por efectos económicos adversos (Ministerio de Finanzas de Dinamarca, 2012).
En este debate, el sureste del país, y particularmente Yucatán, Quintana Roo y Campeche, tienen mucho en juego. La salud de la población es lo primero, pero si no existe una estrategia puntual en este ramo, y además se pone en juego la estabilidad económica de miles de negocios y empleos que dependen de esta cadena de valor, entonces el camino será mucho más oscuro.
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