SISAL, Yuc., 14 de mayo 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó este martes sobre la problemática ambiental y legal que enfrenta el puerto de Sisal, en el municipio de Hunucmá, Yucatán, a raíz de la ocupación ilegal de terrenos ganados al mar por parte de algunos pobladores de la zona.
En un comunicado oficial, la dependencia federal precisó que dichos terrenos son propiedad de la nación y están sujetos al régimen de dominio público, por lo que no pueden ser ocupados, comercializados ni habitados sin la correspondiente concesión emitida por la Semarnat. Estos predios son considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables, y su uso está regulado con base en criterios de sustentabilidad ambiental.
La Semarnat advirtió que las construcciones no autorizadas en estas áreas representan un riesgo significativo para los ecosistemas costeros, al afectar tanto a la flora y fauna silvestres como a los procesos naturales que mantienen la morfología y estabilidad de la línea costera. Entre las especies impactadas se encuentra el manglar y la palma chit, vegetación clave en la protección natural contra fenómenos climáticos.
Desde febrero, un grupo de pobladores ha invadido y desmontado tres áreas en la costa de Sisal —de 10,400, 12,600 y 14,784 metros cuadrados—, sin contar con los permisos necesarios. En respuesta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clausurado los terrenos, iniciado procedimientos administrativos y presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A pesar de las reuniones sostenidas entre representantes de la Semarnat, Profepa, autoridades locales y comisiones de líderes comunitarios, los trabajos de desmonte, quema de vegetación, apertura de calles y delimitación ilegal de lotes han continuado. Según el comunicado, en los días 29 y 30 de abril se hallaron marcadores que evidencian la intención de fraccionar terrenos en la zona.
La Semarnat reiteró que, si bien es posible otorgar concesiones para el uso de estos terrenos, cualquier actividad previa sin autorización es ilegal y sujeta a sanciones. Mientras se avanza en la restauración ambiental, el Gobierno federal mantiene abiertas las vías de diálogo, pero advirtió que continuará con las acciones legales necesarias para proteger el patrimonio natural y evitar daños mayores al ecosistema de Sisal.
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