Fiscalía que no sirve

Por Pascal Beltrán del Rio

La Fiscalía General de Jalisco, creada al principio de la actual administración estatal, sufrió su tercer cambio de titular en poco más de cinco años.

El gobernador Aristóteles Sandoval anunció el miércoles la destitución del fiscal Raúl Sánchez Jiménez, en el contexto del escándalo generado por el descubrimiento de un tráiler con 273 cadáveres en la zona metropolitana de Guadalajara.

Sánchez Jiménez había sustituido a Eduardo Almaguer Ramírez, quien en noviembre del año pasado renunció como fiscal para buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Jalisco.

Almaguer se convirtió en fiscal en julio de 2015. Entró al relevo de Luis Carlos Nájera, quien se había convertido en el primer titular de la Fiscalía, creada en el arranque del gobierno de Sandoval.

No hay que olvidar que uno de los temas que más deterioraron la popularidad de los políticos panistas a nivel nacional fue la inseguridad. La imagen de los 26 cuerpos abandonados en el centro de Guadalajara, en noviembre de 2011, puso la mesa para que el PRI regresara a la gubernatura de Jalisco luego de 18 años de ausencia.

La Fiscalía fue la gran apuesta de Aristóteles Sandoval en materia de seguridad pública. Propuso fusionar la entonces Procuraduría estatal con la Secretaría de Seguridad Pública y crear una poderosa institución para contrarrestar el incremento de la violencia criminal en la entidad.

Al frente de ella quedó Nájera, un funcionario que tenía muchos años de hacerse cargo de la seguridad pública en Guadalajara y el estado.

Había trabajado con el entonces alcalde tapatío, el panista Emilio González, y siguió haciéndolo cuando éste llegó a la gubernatura en 2007.

Policía con fama de duro, Nájera llegó a confrontarse públicamente durante ese sexenio estatal con el procurador jalisciense Tomás Coronado, a quien acusaba de soltar a los presuntos delincuentes que él capturaba.

Sin embargo, la nueva Fiscalía no logró abatir la criminalidad. Al contrario, ésta incluso se volvió más descarada, asesinando a un centenar de servidores públicos en un lapso de dos años y protagonizando una treintena de narcobloqueos en un solo día, el 1 de mayo de 2015.

Ese hecho precipitó la caída de Nájera, quien, tres años después, sufrió un atentado en un restaurante de Guadalajara cuando se desempeñaba como secretario del Trabajo del estado.

A Eduardo Almaguer le tocaría enfrentar la escalada sanguinaria que siguió: mil 300 asesinatos dolosos en 2016 y casi mil 600 el año siguiente.

Para gestionar la llegada masiva de cadáveres a la morgue del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses –que tiene cupo en sus refrigeradores para 72 cuerpos–, Almaguer firmó un convenio con el director de aquél, Octavio Cotero Bernal, a fin de contratar un “contenedor móvil con cámara de refrigeración”.

Dicho convenio, suscrito en mayo de 2016, fue ratificado en enero de 2017 y está en el centro de la polémica sobre el hallazgo del tráiler con cadáveres el pasado fin de semana.

El gobierno estatal quiso apagar el escándalo mediático despidiendo a Cotero. Sin embargo, cuando éste reviró, alegando que la Fiscalía había rentado los contenedores y había decidido cambiarlos de lugar, el gobernador Sandoval reaccionó removiendo al fiscal.

Lo sucedido en Jalisco –además de representar un duro revés para la procuración de justicia y una vergüenza nacional– es una llamada de atención sobre los alcances que tiene una fiscalía para hacer frente al incremento de la violencia criminal.

Se ha puesto mucha esperanza en lo que pueda lograr la nueva Fiscalía General de la República a nivel nacional en la reducción de la criminalidad.

Es cierto que en ese caso el organismo no tendrá el control de la Policía Federal –que estará inscrita en la nueva Secretaría de Seguridad Pública–, pero el asunto Jalisco debe servir de advertencia respecto del riesgo de que acabe siendo una instancia al servicio de las necesidades políticas del Ejecutivo.

En tiempos en que está a discusión qué tanta autonomía necesitan los fiscales, Jalisco ha mostrado qué pasa cuando ésta no existe: el fiscal Sánchez Jiménez y sus antecesores fueron simples figuras de papel.

Sería una lástima que, después de tanto debate sobre las facultades del nuevo fiscal general de la República, éste pudiese ser removido al antojo del Presidente. El problema es que el proyecto de ley orgánica prevé precisamente eso.

BUSCAPIÉS

El miércoles, en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador pidió a los maestros que a cambio de “cancelar” la Reforma Educativa, ellos se comprometan a trabajar semanas completas, no “de martes a jueves”. En respuesta, el vocero de la Sección 22 le dijo que es falso que los profesores practiquen el ausentismo, y advirtió que si la reforma no es abrogada por completo, seguirán movilizándose, sin importar el calendario escolar ni quién es el Presidente. Información Excelsior.com.mx