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Por Jorge Fernández Menéndez
Se fue nuestro querido Miguel Minvielle, un hombre carismático, bondadoso, amante de la vida y de los suyos. Descanse en paz, lo extrañaremos.
¿A usted le parece que hay mayor infamia política que utilizar las horas del sismo del 19 de septiembre para ejecutar una venganza? ¿le parece lógico que a estas alturas haya todavía quienes decidan utilizar acusaciones falsas y detener a inocentes para incidir de alguna torcida manera en la sucesión presidencial y, sobre todo, en la designación priista?
El 19 de septiembre pasado, al mismo tiempo que la Ciudad de México era golpeada por el sismo, mientras Oaxaca comprobaba que tenía 59 mil viviendas destruidas por el terremoto del 7 de septiembre, mientras en muchas comunidades del Istmo no podía siquiera terminar de llegar la ayuda a los damnificados, el gobierno del estado (o quien en realidad lo maneja) decidió encarcelar a Gerardo Cajiga, uno de los principales funcionarios del Grupo Financiero Interacciones, que había sido secretario de Finanzas del gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, durante los dos primeros años de esa administración.
Gerardo se ganó entonces animadversiones políticas en el estado porque puso coto a los recursos que llegaban indiscriminadamente a líderes y organizaciones sociales, a algunos medios, a personajes políticos del oficialismo y de la oposición en el estado. Gerardo traía otra carga política: había sido funcionario con Diódoro Carrasco en el gobierno estatal y en Gobernación (y ya sabemos que Diódoro era, es, algo así como el personaje más odiado por José Murat) y desde el primer día concentró los golpes mediáticos que le proporcionaba el exgobernador (en el tiempo libre que le quedaba a José mientras compraba departamentos en Nueva York y Miami para él y sus hijos, financiaba a la APPO y a la Sección 22, asesoraba a Javier Duarte y amenazaba periodistas, pero ésa es otra historia).
El 2 de noviembre del 2006, en los últimos días del gobierno de Vicente Fox, escribimos en este espacio que una de las grandes injusticias que había cometido la administración Fox fue tener como víctima a Gerardo Cajiga.
Gerardo, escribimos entonces, “se vio envuelto en una de las principales intrigas de inicio de sexenio, que llevó a un crudo enfrentamiento entre los hombres que habían creado la Policía Federal Preventiva y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, comenzando por el almirante Wilfrido Robledo Madrid y el ahora director de la AFI, Genaro García Luna, con el entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero… El enfrentamiento, como suele suceder, fue soterrado y desde el poder se buscó atacar con demandas civiles y penales injustificadas a un amplio grupo de funcionarios de la PFP y de la entonces subsecretaría de seguridad. Pero la mayoría eran hombres de mucho peso político: Wilfrido trabajó en la iniciativa privada, tuvo el apoyo de su arma, demostró su inocencia en los procesos iniciados en su contra (que giraban en torno a la compra de equipo aéreo para la PFP) y se ha reincorporado al servicio público en el Estado de México. A Genaro, quizás el mejor policía que ha formado México en años, el entonces procurador Macedo de la Concha le encargó crear la AFI y es su actual director. Y tanto ellos como la veintena de presuntos involucrados en ese caso, terminaron absueltos de todas las acusaciones en su contra”.
Todos, menos uno, Gerardo, y era quien menos responsabilidad podía tener. Mientras el actual gobernador, Alejandro Murat, daba sus primeros pasos políticos y era apadrinado paradójicamente por un cercano amigo de Cajiga, el actual canciller Luis Videgaray (ambos, como una amplia camada de funcionarios, políticos y profesionales se formaron en las mismas generaciones del ITAM), Gerardo tuvo que pasar seis años exiliado porque, a eso se redujo toda la acusación, no cobró como oficial mayor a una empresa proveedora de un avión privado para la PFP, dos mil 700 dólares de multa por haberse retrasado tres días en la entrega de la aeronave. Todavía, tardó un año más Gerardo en ser declarado inocente de aquella acusación.
Cuando inició el gobierno de Gabino Cué, muchos amigos (los tiene en todas las esferas y en todos los partidos) le aconsejamos a Gerardo que no volviera a un cargo público, que iba a ser objeto de venganzas. Apostó por su estado, regresó a Oaxaca y dos años después volvió, desencantado de la política local, a la iniciativa privada.
Ahora, la administración Murat, en plena tragedia, lo detuvo en la Ciudad de México el día 19 y lo trasladó a Oaxaca por supuestos delitos cometidos hace siete años. El sábado fue la segunda audiencia. Sus defensores presentaron un impecable testimonio para justificar su inocencia. El juez local pidió una hora para revisar el caso, pasada la cual, leyó durante dos horas el documento que ya tenía preparado y en lugar de permitir que Gerardo pudiera defenderse en libertad provisional, le dio prisión preventiva (en un caso que no ha pasado siquiera por la justicia administrativa) pues lo consideró “un peligro para México”. Una infamia.
Alejandro Murat aún está a tiempo de acabar con las venganzas y odios que atenazan a su padre, todavía tan influyente y prepotente, dentro y fuera de Oaxaca. Ojalá lo haga y que también comprenda que lo han metido de lleno en la guerra sucia de la sucesión priista.
Información Excelsior.com.mx