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La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 35% menos asuntos en su primer año de trabajo que la integración anterior en un periodo similar. La atención a las sesiones ha caído a menos de un 10% y aún hay importantes propuestas de campaña sin cumplir, según revela un análisis del Departamento de Datos de N+.
Hoy, 1 de septiembre, se cumple un año de que inició en funciones la Nueva Suprema Corte, electa mediante el voto popular. Aquí algunos de los primeros resultados.
Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la SCJN votó 3,174 proyectos de sentencia.
En un periodo similar, del 11 de septiembre de 2025 al 24 de agosto de 2026 (último día del que hay información publicada), la nueva integración de la Corte votó 2,059 asuntos a partir de proyectos de sentencia.
Esto es una reducción de asuntos resueltos de más del 35% entre un año y otro.
La diferencia podría explicarse por el hecho de que en la nueva conformación de la Corte, el número de integrantes es de 9, en lugar de 11 como solía ser antes de la Reforma al Poder Judicial.
Sin embargo, a la hora de dividir el número de sentencias entre el número de ministros, resulta que también en ese criterio, la nueva conformación de la Corte es menos productiva.
Cada uno de los nuevos nueve ministros elaboró en promedio 229 proyectos de sentencia votados mientras que cada uno de los 11 ministros de la conformación anterior elaboró 289.
La reducción en la productividad podría responder en parte a que la Reforma Judicial estableció la desaparición de las Salas, por lo que ahora todos los asuntos se resuelven en el Pleno. Esto obliga a que todos los ministros voten en cada uno de los asuntos y que el tiempo en que antes se podía destinar a tener dos sesiones paralelas, ahora solo se pueda tener una.
Esto, sin embargo, se atendió ya en otra Reforma al Poder Judicial en que se dio al Pleno de la Corte la posibilidad de operar en secciones (grupos similares a las Salas) y éstos han decidido no hacerlo.
Cada vez que la Corte recibe un asunto, éste se asigna a un ministro para que él y su ponencia elaboren el proyecto de sentencia sobre el cual después el Pleno ( el conjunto de ministros) va a votar.
Sin embargo, a pesar de recibir un número similar de asuntos, no todos los ministros elaboraron la misma cantidad de proyectos en este primer año de trabajo.
La lista de productividad la encabezan Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero y Loretta Ortiz.
Las ponencias de las que menos proyectos han sido resueltos por el pleno son las de Irving Espinosa y Giovanni Figueroa.
La ponencia del Ministro Presidente Hugo Aguilar es la que menos proyectos ha presentado, pero por su carácter de presidente no le son turnadas controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad, por lo que se reduce la cantidad de asuntos que debe proyectar. Además, como Presidente de la Corte, Aguilar cumple con otras funciones que van desde decidir qué asuntos se admiten hasta representar a la institución en eventos políticos.
En las sesiones del Pleno, cuando un ministro no está de acuerdo con los proyectos de sus compañeros, puede acompañar su voto en contra con un voto particular en el que presentan las razones que sustentan su oposición. Si bien hay asuntos que se votan en contra y para los cuales no se elaboran votos particulares, sí hay una relación cercana entre estos dos aspectos. Quienes más elaboran votos particulares tienden a ser quienes más votan en contra de los proyectos de sus compañeros.
La ministra Sara Irene Herrerías es quien más votos particulares ha emitido con 75, seguida por Lenia Batres, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa con 67, 65 y 64 respectivamente. Por otro lado, los ministros que menos votos en contra han emitido son Arístides Guerrero, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, con 16 cada uno.
Votos particulares: Sara Irene Herrerías, 71; Lenia Batres, 67; Giovanni Figueroa, 65; Irving Espinosa, 64; María Estela Ríos, 48; Hugo Aguilar, 25; Arístides Guerrero, 16; Yasmín Esquivel, 16 y Loretta Ortiz, 16.
Uno de los argumentos a favor de la Reforma Judicial era que la gente se sentía muy lejana a los jueces y a sus decisiones. Al elegir a los jueces mediante el voto popular, decía este argumento, habría más interés y más atención en lo que decidieran.
Si bien este es un criterio difícil de evaluar, una de las posibles métricas es la atención que las sesiones de discusión de los ministros tienen, dado que son públicas y se pueden ver por internet. En este sentido, la atención ha caído drásticamente.
Las vistas de las sesiones de la Suprema Corte en YouTube tuvieron un incremento muy importante entre 2022 y 2024, luego cayeron en 2025 y es todavía menor en lo que va de este año 2026.
Lo que parecen revelar estos números es que el método de selección de los ministros no incide en la atención que se presta a las decisiones judiciales. Más bien, los números de vistas están relacionadas con el tipo de asuntos que se resolvieron en cada momento y con la pugna política entre el expresidente López Obrador y la Corte que llevaron a momentos sumamente álgidos con la votación de asuntos relacionados con los proyectos prioritarios del Presidente.
La antigua Corte tuvo 3 momentos en los que el número de vistas de las sesiones repuntó: La sesión en la que discutieron la Ley de la Industria Eléctrica en abril de 2022 y la Prisión Preventiva Oficiosa en septiembre de 2022, tuvieron más de 60,000 vistas cada una. Dos años más tarde llegó la sesión con más vistas en la historia reciente, cuando se discutió la Reforma al Poder Judicial.
La Nueva Corte no ha logrado los niveles de rating de la conformación anterior, ni siquiera durante su primera sesión el 11 de septiembre de 2025.
A la hora de registrarse como candidatos, los hoy ministros de la Corte hicieron propuestas de campaña que presentaron ante el INE. A un año de que iniciaron funciones ¿cómo va el cumplimiento de lo que prometieron?
Una gran parte de estas propuestas son difíciles de evaluar con criterios objetivos, pues plantean objetivos amplios y vagos como “fortalecer un enfoque multidisciplinario”, o “promover la justicia social”. Otras de las propuestas están dirigidas a ámbitos que escapan la competencia de la propia Suprema Corte, como la “organización de defensorías públicas”.
La Corte Itinerante. Los ministros Guerrero y Aguilar prometieron sacar a la Corte de la Ciudad de México y llevarla a las comunidades. En febrero el Pleno, encabezado por el presidente Aguilar, sesionó por primera vez desde 1917 fuera de la capital, en Tenejapa, Chiapas. Sin embargo, entre tener una sola salida y hacer una corte itinerante existe un trecho importante por lo que esta promesa de campaña puede considerarse, si acaso, parcialmente cumplida.
Transparencia proactiva. El ministro Espinosa prometió que la Corte daría acceso a la información de forma proactiva sin que la gente tuviera que pedirla. Meses después, esto está muy lejos de suceder. La Corte tiene importantes rezagos en la información que publica sobre sentencias y votos. Adicionalmente, métricas y reportes que existían en el modelo previo de la Corte se interrumpieron y hoy es difícil encontrar información básica en bases de datos o reportes accesibles al público.
Justicia en lengua indígena y accesible. El ministro Guerrero prometió que las sentencias se pudieran leer en lenguas indígenas, en braille y en formatos fáciles de entender, no solo en lenguaje jurídico. Ya hay algunos ejemplos: una sentencia se tradujo al rarámuri para una comunidad de Chihuahua, y la Corte empezó a capacitarse en herramientas de accesibilidad en braille. Es un esfuerzo relevante en el sentido correcto, pero aún es pronto para determinar que la promesa ha sido cumplida.
Reducción de privilegios. La ministra Batres prometió no ganar más que el Presidente y acabar con los privilegios en la Corte. La Corte redujo el salario de los ministros para ganar menos que la Presidenta de la República. Se redujeron salarios del personal y se eliminaron seguros de gastos médicos y de separación voluntaria, desaparecieron también apoyos para el pago de alimentos y de telefonía celular. Además, se suspendió la compra de camionetas blindadas después de que se destapara el escándalo pues cada una de ellas rondaba el costo de 1.7 millones de pesos.
Incidencia en derechos humanos. La ministra Loretta Ortiz propuso que las resoluciones y sentencias tuvieran impacto social al identificar y atraer asuntos de importancia pública, mientras que el ministro Hugo Aguilar prometió que la Corte estará al tanto de la resolución de temas centrales para la vida pública. Para ello, la Suprema Corte ha incrementado el uso de las facultades de atracción y reasunción de competencias, que permiten conocer proyectos de interés público que están en tribunales y juzgados y que atienden problemáticas sociales.
Tras un año de trabajo de la nueva Suprema Corte, ya es posible ya hacer un primer balance que revela algunos destellos esperanzadores, pero sobre todo, fallas estructurales, opacidad y muchas promesas incumplidas. Información N+
