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Por Pascal Beltrán del Río
La escena se repite, de los Altos de Chiapas a la frontera de Tamaulipas y de la sierra de Michoacán a la costa de Guerrero.
Los delincuentes van imponiendo su ley. Mediante el terror que producen las armas y la violencia despiadada, los criminales tienen sometidas a poblaciones enteras, ante lo cual apenas se manifiesta de forma tímida y siempre a destiempo la obligación constitucional de las autoridades de proteger vidas y pertenencias.
En la zona indígena tzotzil que forman los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, Chiapas, el romanticismo de la rebelión zapatista de mediados de los 90 ha sido sustituido por la avaricia de una banda denominada Los Ciriles, que trafica con drogas, armas y personas por la frontera guatemalteca. De acuerdo con fuentes de seguridad, dicho grupo tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputa el control del estado con los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Estos delincuentes han asesinado a, cuando menos, 12 habitantes en la región de los Altos, entre ellos un niño, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que además denuncia el desplazamiento forzado de unas dos mil personas de 19 comunidades.
El 5 de julio mataron en Simojovel al activista social Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal. El crimen fue denunciado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la Costa Grande de Guerrero se replica la situación de los desplazados por la violencia. En las montañas del municipio de Zihuatanejo, unas 300 personas de nueve comunidades también han tenido que dejar sus casas a causa de la extorsión de un grupo criminal conocido como Los Cornudos.
Los habitantes aguantaron el robo de ganado y dinero, pero decidieron huir cuando los delincuentes comenzaron a llevarse a las mujeres. De acuerdo con una nota de la agencia Quadratín, el desplazamiento comenzó hace tres meses y las familias —unas 70— se han instalado en campamentos improvisados en los cerros, protegiéndose de la lluvia con lonas.
En Aguililla, Michoacán, unos 16 mil habitantes de ese municipio son rehenes de la lucha entre los Cárteles Unidos —sucesores de los grupos de autodefensa que se formaron para replegar a los Caballeros Templarios— y el CJNG. Las negociaciones con autoridades federales y estatales para mantener abierta de forma permanente la carretera que lleva a Apatzingán no han logrado su cometido y eso ha llevado a tensiones de los civiles con el destacamento militar en el poblado.
También ha provocado que muchos aguilillenses se sientan obligados a apoyar a uno de los grupos criminales para garantizar su seguridad, lo cual implica una derrota para el Estado mexicano, que no ha sido capaz, hasta ahora, de controlar un camino de poco más de 80 kilómetros.
Otra carretera donde los delincuentes imponen su ley es la Monterrey-Nuevo Laredo. Ahí han desaparecido, en lo que va de este año, entre medio y un centenar de personas, la mayoría de las cuales se desplazaba a la ciudad fronteriza para trabajar y fue levantada en el tramo de 26 kilómetros que va desde los límites de Tamaulipas con Nuevo León hasta la entrada de Nuevo Laredo. A diferencia de la vía Aguililla-Apatzingán, ésta es una de las autopistas más importantes del país, por donde transita un porcentaje importante del comercio entre México y EU. Una expresión que sintetiza la derrota del Estado mexicano es la que lanzó el gobernador neoleonés Jaime Rodríguez Calderón, quien hace menos de tres semanas pidió a los habitantes del estado no usar la carretera hasta que “esté todo tranquilo”, cosa que no ha sucedido (la semana pasada, grupos criminales dispararon contra policías y soldados que realizaban labores de vigilancia).
Así, a un ritmo acelerado, la delincuencia se va apoderando de zonas enteras del país, haciendo la vida imposible a sus habitantes y llevando a algunos de ellos a armarse para hacerle frente. Información Excelsior.com.mx