www.yucatanalinstante.com Noticias al Instante
Por Pascal Beltrán del Rio
Desde 1963, México ha tenido prácticamente una reforma electoral por sexenio.
Algunas han sido más profundas que otras, pero todas han tenido la característica de ampliar, en alguna medida, las libertades y los derechos de las minorías en el escenario electoral.
Eso no quiere decir que el contenido total de todas esas reformas haya sido un éxito desde el punto de vista de la democracia, pero creo que la mayor parte de él ha sido producto de la buena fe y ha reflejado un esfuerzo por construir consensos.
La reforma de 1963, promovida en la última etapa del gobierno de Adolfo López Mateos, se creó la figura de los “diputados de partido”, antecedente de los plurinominales, lo cual permitió que la oposición entrase en la Cámara baja en mayor número.
La primera vez que se puso en práctica, en las elecciones de 1964, el principal partido de oposición, el PAN, obtuvo 20 diputaciones. Fue un cambio importante, pues permitió que los candidatos perdedores en un distrito accediesen a la Cámara si obtenían al menos 2.5% de los votos. Dicha prerrogativa se redujo a 1.5% en 1972.
En la reforma de 1977, se amplió el número de integrantes de la Cámara de Diputados –de 186 a 400– y se introdujo la figura de los diputados de mayoría relativa o plurinominales.
Además, se otorgó el registro al Partido Comunista Mexicano y al Partido Demócrata Mexicano, afiliado a la Unión Nacional Sinarquista. Uno de izquierda y uno de derecha.
En 1983 se incrementó la representación proporcional a estados y municipios. En 1986, se aumentó a 500 el número de diputados, con 200 de representación proporcional. Encima, se legisló para que ningún partido pudiese tener más de 350 escaños en San Lázaro, con lo que la presencia de la oposición creció hasta 48% entre 1988 y 1991.
En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) para reemplazar a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, como instancia organizadora de los comicios. Asimismo, la Cámara de Diputados dejó de calificar las elecciones para otorgar esa responsabilidad al Tribunal Federal Electoral (Trife, luego TEPJF). Y se redujo a 300 el número máximo de diputados por partido.
En 1996, se ciudadanizó al IFE, con lo que el gobierno federal dejó de controlar las elecciones. Y se creó una lista nacional para integrar la cuarta parte del Senado de la República.
En 2007, en atención a las quejas que presentó el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se diseñó un modelo de comunicación política que puso en manos del IFE la administración de los tiempos del Estado destinado a la propaganda electoral, de uso exclusivo de los partidos políticos, y se prohibió que particulares pudiesen comprar espacios en medios electrónicos con ese fin.
En 2014, se aprobaron las candidaturas ciudadanas y se transformó al IFE en INE para adquirir más responsabilidades sobre los procesos electorales locales, que hasta entonces sólo había sido para dotarlos del padrón.
Sería mentira sostener que dichas reformas fueron perfectas pues, al tiempo que desterraron unos vicios, crearon otros. Pero sí se puede decir que, en general, representaron pasos adelante. La mejor prueba de ello es que, hoy en día, 60% de los comicios terminan en alternancia.
Sin embargo, el nuevo oficialismo pretende acabar con muchos de esos avances. La reforma electoral que quiere Morena, el partido del gobierno, busca controlar al Consejo General y los consejos locales del INE, entre otras cosas.
Permitir que eso suceda significaría la primera regresión en materia electoral desde 1963. Toca a la ciudadanía defender su sistema electoral –que, sin duda, puede ser perfeccionado y abaratado–, pues ha costado un gran esfuerzo construirlo. Información Excelsior.com.mx