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El ministro Arturo Zaldívar dio a conocer que recibió presiones de parte del gobierno de Felipe Calderón e incluso acusó que hubo protección de Estado a la familia de Margarita Zavala, pero ¿qué dice del caso en su libro?
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), divulgó el martes acusaciones contra la familia de al ex primera dama Margarita Zavala a causa de la tragedia de la Guardería ABC, en que 49 niñas y niños murieron.
El tema se señaló como una negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en especial el federal, entonces encabezado por el presidente Felipe Calderón, esposo de Zavala.
Zaldívar acusó que hubo protección de estado para los responsables del caso, pues una prima de Margarita Zavala era propietaria de la guardería, que se encontraba subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estas declaraciones las realizó el ministro durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”; sin embargo, Zavala tachó de mentiroso al jurista y destacó que en el texto no se menciona nada de eso.
Aquí te decimos qué se menciona en el libro sobre el caso:
En el libro hay un apartado llamado “Guardería ABC. No debían morir”, donde menciona que la Corte atrajo el caso para investigarlo por violaciones graves a derechos humanos por una facultad que le daba el artículo 97 de la Constitución, derogado tras la reforma constitucional en la materia en 2011, que dio una facultad similar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El resultado de esta investigación, sostiene, “no tenía efectos vinculantes pero nos permitía investigar los hechos e identificar a los responsables de violaciones graves a derechos humanos”.
Arturo Zaldívar aclara que él no participó en las discusiones para ejercer la facultad de atracción y que no recibió informes previos; y sólo se le comisionó elaborar el proyecto de dictamen de la facultad de investigación sobre estos hechos. Esto lo aprobó el pleno de la Corte el 6 de agosto de 2009. Él tenía apenas 3 meses en la Corte, recuerda en el libro.
En el libro, en ningún momento se menciona a la ex primera dama Margarita Zavala ni a su familia. Y en realidad, en la memoria del caso del a Guardería ABC, de unas 12 páginas, se mencionan cargos de personas señaladas como responsables, pero no hay ningún nombre presente.
Los mandos a los que propuso en el proyecto atribuir responsabilidad constitucional fueron el gobernador de Sonora, en ese entonces, Eduardo Bours; y el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
“Eran ellos los responsables de implementar políticas efectivas que tuvieran como objetivo verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales, incluidos las medidas de seguridad y protocolos de actuación relacionados con el sistema de guarderías, con la finalidad de salvaguardar la vida de las niñas y los niños”, afirma en el libro.
El proyecto que propuso el ministro apuntaba a que la Corte analizara y determinara si a raíz de la violación de los derechos humanos de 49 infantes que murieron y otro ciento que resultó herido, había una responsabilidad no penal, civil ni administrativa, “sino constitucional, política y ética”. Ello con miras a que señalar estas responsabilidades tuviera “consecuencias en la trayectoria pública de los funcionarios”.
Sin embargo, la interpretación de ética, explica Zaldívar, causó polémica y dudas entre los ministros que al final rechazaron por 8 votos contra 3 el proyecto. Esto derivó en que la investigación al final no tuviera el impacto público que el ministro esperaba, “En este sentido, no se hizo a los altos mandos el reproche ético, político y constitucional que el caso ameritaba”, afirma.
En su disertación, Zaldívar también critica la impunidad en que quedó el caso, pues las sanciones no se extendieron a mayores niveles. “Este caso dejó muy claro que la indiferencia, la incompetencia y la corrupción generadas por la falta de rendición de cuentas y la impunidad en todos los niveles pueden tener consecuencias fatales”, critica.
En el texto señala que además de encontrar un desorden general en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS, se encontraron irregularidades en el contrato, su operación y supervisión. Incluso, enlista a otros 10 funcionarios de distintos niveles que debieron ser sancionados, como el delegado estatal del IMSS y la coordinadora de Guarderías; el secretario de Hacienda (dependencia que rentaba la bodega vecina a la guardería y donde comenzó el incendio) y el titular de Protección Civil de Sonora; o el director de Protección Civil del municipio de Hermosillo.
El texto de Arturo Zaldívar además concluye que si bien su denuncia no tuvo el alcance que esperaba, la discusión sobre la Guardería ABC en junio de 2010 sí propició que se avanzara en algunos de los temas relacionados con el caso, como la defensa de los derechos de la infancia y en particular, la promoción del interés superior de la niñez; así como la vigilancia de los servicios de atención y cuidado de los menores. Información Radio Fórmula
