Intercambio de rehenes

Por Jorge Fernández Menéndez

Acabamos de vivir uno de los capítulos más recientes de la política de los jueces, o de la cárcel, al estilo Brasil, una estrategia que estamos comenzando a copiar de la nación sudamericana. Para obtener recursos presupuestales y presionar a dirigentes priistas, en una investigación absolutamente oscura, el gobierno de Javier Corral ordenó la detención de un importante dirigente priista a nivel federal, Alejandro Gutiérrez, miembro del CEN del tricolor durante la presidencia de Manlio Fabio Beltrones y cercano colaborador de éste.

La jugada era triple: mostrar la corrupción del gobierno de César Duarte, pedir 700 millones de pesos adicionales al presupuesto para el estado de Chihuahua y darle un golpe al PRI, en un momento de confusión y lealtades, supuestamente, en entredicho dentro del priismo, buscando, incluso con tortura, que Gutiérrezinvolucrara en el caso a Beltrones.

El propio Gutiérrez había sido involucrado y detenido con la sola prueba de un exfuncionario que apareció como testigo protegido por el fiscal del gobierno estatal, César Peniche, que a su vez está acusado (pero no procesado, por supuesto) de estar involucrado en el asesinato de la periodista Miroslava Brecht. El fiscal, como otros dos dirigentes panistas que están acusados del involucramiento en ese crimen, no han sido procesados por el gobierno local, están protegidos. El fiscal tiene una denuncia de la PGR por haberse negado a entregar la documentación sobre la detención de Gutiérrez y, además, una denuncia en la CNDH por la violación de los derechos humanos y la presunta tortura al priista.

Lo cierto es que en todo ese ambiente catalizado por la prisión de Gutiérrez, y cuando en unas pocas semanas ha habido decenas de muertos en Chihuahua, sobre todo en la capital y en Ciudad Juárez, el gobernador Corral se lanzó a una marcha, evidentemente, proselitista que ha recorrido buena parte del país y que concluyó ayer con un mitin en el Ángel de la Independencia.

Pero el sábado en la noche, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunión con Corral y llegaron a un acuerdo que implica, prácticamente, un intercambio de rehenes. El gobierno le dará a Corral 900 millones de pesos y quita la denuncia en la PGR contra el fiscal Peniche, mientras que el gobierno del estado acepta enviar a Gutiérrez a un penal federal, donde podrá librarse de las presiones extra legales que sufría.

El lenguaje corporal de Navarrete y Corral durante el anuncio del acuerdo, sobre todo esa lectura que hacía Corral del documento mientras leía Navarrete, demuestra más que cualquier declaración lo incómoda que debe haber sido la negociación que llevó a cabo Navarrete sacándola de ámbito de Hacienda, donde se había tornado intransitable para llevarla a Gobernación, porque ese era un conflicto político, no presupuestal.

Desde el ámbito del gobernador se quiso hacer ver el acuerdo como un gran triunfo político. En el corto plazo lo fue, pero habrá que ver cómo se desarrolla el resto de la historia, porque habrá que esperar la investigación de la CNDH sobre Gutiérrez, pero también cómo evoluciona la indagatoria de la propia PGR sobre el caso de Miroslava y el involucramiento en el crimen de funcionarios locales, más allá de la insostenible situación de inseguridad que vive el estado.

Pero lo ocurrido en Chihuahua ilustra los graves peligros de utilizar la cárcel como instrumento de negociación política, e insistir en que apreciemos las graves consecuencias que ello genera en Brasil, donde se ha llevado al máximo.

En Chihuahua se intercambió un rehén por recursos presupuestales, mientras que en Quintana Roo, la detención de dos funcionarios centrales de la administración de Roberto Borge, el exsecretario de gobierno, Gabriel Mendicuti y el expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, que incluso fue quien compitió contra el ahora gobernador Carlos Joaquín por el gobierno del estado, tuvo una rápida respuesta: a nivel federal se detuvo, acusado de lavado de dinero, a uno de los más cercanos operadores políticos y financieros del gobernador, Juan Vergara, quien se había convertido en estos días en candidato a diputado federal del Frente. Quizás sean simples casualidades, pero parecen respuestas a decisiones judiciales con indudable influencia política.

Lo cierto es que con la política de cárcel, la de utilizar la justicia para negociar, presionar o hacer proselitismo, nadie ganará, todos tarde o temprano perderán y la estabilidad y gobernabilidad del país seguirá sufriendo.

EL REGRESO DE MARCELO

El exjefe de gobierno Marcelo Ebrard regresó al país y a la política activa luego de un largo autoexilio que se impuso en París y Estados Unidos. Ebrard dice que tuvo que huir como consecuencia de que se le atribuyó haber divulgado información sobre la llamada Casa Blanca, pero en realidad tuvo que irse porque esa enorme transa que significó la construcción de la Línea 12 del Metro, con miles de millones de pesos que no han tenido una explicación clara de dónde y cómo acabaron, amenazaba con llegar hasta él.

Marcelo, un hombre que no es muy querido en Morena (a pesar de que su decisión de no enfrentar a López Obrador en la lucha por la candidatura presidencial en el 2012 es lo que le ha permitido a Andrés Manuel tener vigencia política hasta el día de hoy), recibió una tarea proselitista en el norte del país y duras críticas del círculo duro del candidato, mismas que no hicieron a ninguna de las controvertidas incorporaciones recientes al proyecto morenista. Pero, además, miles de veces hemos escuchado el spot de Morena donde se descalifican los gobiernos capitalinos de los últimos “doce años”, incluyendo, obviamente, al de Marcelo. Una campaña en su contra emanada de “ya saben quién”.
¿Habrá evaluado Marcelo bien su regreso?

Información Excelsior.com.mx