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La situación crítica que atraviesa la encargada de la distribución de leche a precios subsidiados, ha afectado a los beneficiarios de dos programas clave
Liconsa, la encargada de la distribución de leche a precios subsidiados en las zonas más pobres del país, atraviesa una situación financiera crítica desde 2019 cuando perdió el 57,5% de su patrimonio, se desprende de diversa información contenida en las actas del Consejo de Administración de Liconsa y de los informes de auditores externos consultados por N+Focus.
En 2020 un despacho externo designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) sugirió una serie de medidas para revertir el desaseo administrativo que apuntaba al riesgo de quiebra técnica y que se detectó justo durante el primer año de la gestión de Ovalle.
Los afectados han sido los beneficiarios de dos programas clave de Liconsa: abasto social de leche, cuya finalidad es dotar de este producto a personas de escasos recursos; y precios de garantía, que busca incentivar el ingreso de los pequeños y medianos productores para contribuir a mejorar su nivel de vida.
En Chihuahua, productores lecheros entrevistados por N+Focus e inscritos en el programa precios de garantía aseguraron que han tenido que vender hasta la mitad de su ganado para poder subsanar las deudas y gastos que los retrasos e incumplimientos de pago por parte de Liconsa les causaron.
En Veracruz, beneficiarios del programa de abasto social de leche, reportaron desabasto en diciembre del año pasado y a principios de éste. “Pues dos meses faltó y mi mamá, pues compraba de otra leche para ella y para mi hermano. Es más cara otra leche, la líquida le cuesta como 18 o 20 pesos el litro y la de Liconsa 11 pesos el sobre”, comentó una beneficiaria en Tamiahua, una de las localidades de Veracruz que se han visto afectadas desde 2019 por la falta de leche.
Aunque en 2020 el presupuesto de Liconsa incrementó 39,8% respecto al año anterior y para 2021 en 87,5%, esto no se ha visto reflejado en sus programas, que han presentado incumplimiento en algunas de sus principales metas. Por ejemplo, durante una de las sesiones del Consejo de Administración del organismo celebrada a mediados del año pasado, Leonel Cota, quien coordina las acciones de Liconsa y Diconsa a través de Segalmex, manifestó que la producción de leche de Liconsa cayó de 5.8 a 1.8 millones de litros diarios.
“En las 11 plantas industriales que tiene Liconsa se enfrentan problemas muy serios que han provocado la cancelación de acuerdos irregulares con productores y con empresas productoras que incumplieron, razón por la cual se han abierto investigaciones”, se lee en el acta de la sesión ordinaria del consejo de Administración fechada el 10 de junio de 2022.
Cota Montaño agregó que la caída en la producción de leche puso en riesgo de cierre a un número importante de plantas industriales que siguen operando con muy bajos niveles.
Además, decenas de auditorías del órgano interno de control han señalado una serie de irregularidades que van desde retrasos en el pago a productores, el recorte del padrón de beneficiarios del programa y de proveedores, incumplimiento en el pago de los precios de garantía, así como ampliaciones presupuestarias que no se ven reflejadas en el cumplimiento de metas de la paraestatal.
Otras de las inconsistencias reportadas en los últimos dos años consisten en el incumplimiento de metas de captación de leche, irregularidades en la venta de crema y contratos con deficiencias legales que habrían provocado un probable daño patrimonial.
Fallas en el programa de precios de garantía
Al comenzar el actual sexenio, el presidente López Obrador prometió a los productores que a través de Liconsa se aumentaría el precio de garantía y compraría sus productos a precios superiores a los del mercado, sin embargo productores aseguran que esto no los ha terminado de beneficiar por diversos motivos.
La principal causa es que los pagos han presentado diversos retrasos. En Chihuahua, productores entrevistados coincidieron en que los atrasos de hasta nueve semanas en los pagos les provocaron deudas que hasta el día de hoy no han podido saldar.
Nazario Barraza, quien desde hace más de 30 años es productor lechero en el municipio de Orranteño al sur de Chihuahua, aseguró que en los últimos años el incumplimiento y retraso de pagos por parte de Liconsa lo ha llevado a tener que vender casi la mitad de sus vacas para sustentar sus gastos.
“Por decir, de dos años para atrás se han vendido como unos 18 animales. Entonces como digo yo que en lugar de ir para adelante, vamos para atrás como los cangrejos”, dijo Barraza.
Uno de los motivos que ocasionó el retraso en los pagos fue que se hizo una depuración de los padrones de productores. Según explicó el presidente al inicio de su sexenio se tuvieron que eliminar a los intermediarios con la finalidad de que los apoyos se hicieran directamente a los productores. Por ello cientos de lecheros que antes recibían sus subsidios a través de asociaciones locales, tuvieron que inscribirse y darse de alta ante las autoridades hacendarias, un trámite que a algunos les llevó hasta tres meses poder concretar.
Una vez que los productores hacían el trámite ante Hacienda obtenían un código con el que podrían venderle a Liconsa, sin este, los centros de acopio no podían recibirles la leche. Cada día que se tardaban en obtener dicho código era un día de mermas.
Documentos en posesión de N+Focus indican que para 2020 Liconsa pidió tres ampliaciones presupuestarias a la Secretaría de Hacienda bajo el argumento de que aumentarían sus metas de captación de leche. En conjunto estos incrementos sumaron mil 200 millones de pesos, casi el doble del presupuesto original que Liconsa tenía para el programa de abasto de leche en ese año.
Sin embargo, los lecheros pasaron hasta tres meses sin recibir el pago. El hartazgo llegó a tal punto que en noviembre del 2020 se aglomeraron en la oficina central de Liconsa en Chihuahua donde bañaron en leche bronca a Jesús Cañas, delegado del organismo en dicho estado.
Dos años después los productores lograron que aumentaran a diez pesos el precio que les pegan por litro de leche. Sin embargo, el aumento fue insuficiente para paliar la crisis que vienen arrastrando debido a que los precios de los insumos que requieren han incrementado con la inflación.
Las estadísticas de Liconsa evidencian la crisis que atraviesa. Por ejemplo, los productores beneficiados han disminuido. En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, el padrón era de 8,08 millones de beneficiados con precios de garantía. En 2019 el padrón disminuyó hasta 1,2 millones, en 2020 fue de 4 millones y 2021 cerró con 3,5 millones de productores inscritos.
El riesgo de quiebra
Los informes de auditorías del órgano interno de control, así como del despacho Salles Sainz-Grant Thornton, designado como auditor externo por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), son coincidentes en señalar un desaseo financiero en Liconsa.
Entre las acciones que desde finales de 2019 el despacho auditor externo solicitó implementar al Consejo de Liconsa estaba reducir los costos de producción evitando mantener un exceso de inventarios, buscar los mejores precios de adquisición de los insumos utilizados en el proceso de producción y solicitar recursos adicionales a los autorizados con el objetivo de cumplir con el programa de abasto social de leche.
En la revisión de los ejercicios 2020 y 2021 el despacho se negó a validar los estados financieros. El dictamen de 2022 no ha sido publicado por Liconsa. Entre las situaciones que los orillaron a abstenerse estaba el hecho de que no se proporcionó suficiente documentación, se tuvieron dudas sobre la veracidad de la información, no tuvieron certeza de que se les haya comunicado los asuntos sensibles y que se les revelara información sobre posibles fraudes.
Estos señalamientos después fueron confirmados por la Auditoría Superior de la Federación, quien ha hecho hasta el momento observaciones solo de Liconsa por 2 mil 200 millones de pesos por manejos irregulares en la ejecución de los recursos correspondiente a los ejercicios de 2019, 2020 y 2021.
La meta incumplida de acabar con el hambre
Una de las principales promesas de López Obrador durante su campaña fue “combatir la desnutrición y el hambre del pueblo”. Para ello uniría a Diconsa y Liconsa en una sola empresa que se encargaría del abasto y la distribución de alimentos de consumo popular, anunció durante su toma de protesta el 1 de diciembre de 2018.
Una parte de esa promesa se materializó con la creación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que coordina acciones en materia social con Liconsa y Diconsa. Sin embargo, desde que trabajan de manera conjunta, los órganos auditores que se encargan de vigilar cómo ejercen sus recursos han encontrado una serie de irregularidades.
En los últimos tres años el programa de abasto social de leche llegó al mínimo histórico de distribución, por lo que sus tiendas reportaron desabasto en decenas de ocasiones. Durante 2022 lecherías de Liconsa en el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato y Veracruz denunciaron desabasto, por lo que los concesionarios recortaron a la mitad la cantidad de leche que se le entregaría a cada beneficiario.
Una auditoría del órgano interno de control de Liconsa de 2020 y 2021 publicada en 2022 evidenció que durante 2020 y 2021 la paraestatal incumplió con las metas de distribución de leche líquida y en polvo en 26 de los 32 estados del país.
En 2021 este programa llegó al mínimo histórico de distribución. mientras que al comienzo del sexenio se repartían 892 millones de litros de leche en el país, a finales de 2021 solo se distribuyeron 664 una baja del 25%. Esto ocasionó que la leche no llegara a las zonas de mayor marginación, una de las prioridades de este programa.
En el mismo documento se expone que Liconsa no alcanzó la meta de empadronamiento de nuevos beneficiarios y que se encontró beneficiarios duplicados. Además, según las actas del consejo de administración del organismo, el precio de la leche en las zonas de mayor marginación subió de 1 peso a 2.50.
En agosto del año pasado el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que había abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en el organismo y sus filiales y se habían presentado 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Actualmente el gobierno mexicano investiga un posible daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa. A principios de marzo, la Fiscalía General de la República emitió 22 órdenes de aprehensión relacionadas a las indagatorias en curso.
Lecheros en la incertidumbre
De acuerdo con lecheros entrevistados por N+Focus a pesar de que Liconsa pagó sus deudas tardíamente, los productores ya no pudieron reponerse. Además el incremento de los precios en los insumos necesarios para sus vacas provocó que tuvieran que vender una parte de éstas al rastro para poder comprar alimento.
“Las deudas que nos crecieron fue por los forrajes que nosotros nos atrasamos ahí con los pagos de forrajes, el interés que nos estaban cobrando y más la parte lo del capital, que se debía, pues ya no se pudo reponer entonces como se tuvo que hacer vendiendo cabeza de ganado”, dijo Guadalupe Gómez, lechero de Meoqui, Chihuahua.
A pesar de los señalamientos hechos desde 2019 por diversos órganos fiscalizadores de gobierno las irregularidades en Liconsa han continuado. En un documento de la Coordinación de órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública y dirigido al Consejo de Administración de Liconsa se indica que durante el primer semestre de 2022 Liconsa solo captó el 50% de la leche fresca presupuestada. El argumento que se dio es que hubo menor oferta debido a los incrementos en los costos de producción, fertilizantes y forrajes que han enfrentado los lecheros ante la inflación.
Con información de N+Focus.