¿Qué vamos a hacer ahora?

Por: Jorge Fernández Menéndez

La pregunta correcta no es la que hizo el presidente Peña el viernes, ¿qué hubieran hecho ustedes? La pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora?, después de centenares de tiendas saqueadas, con marchas en 25 estados, con mil 500 detenidos, daños por millones de pesos y una ciudadanía que está francamente enojada, aunque los saqueos hayan sido acciones manipuladas y orquestadas.

La verdad es que antes se podrían haber hecho muchas cosas: explicar con claridad lo que se iba a hacer; eliminar el subsidio de forma gradual; no responsabilizar de lo sucedido a gobiernos del pasado cuando la actual administración está en su quinto año (si había conciencia de la necesidad de retirar el subsidio; ¿por qué no se comenzó cuando hubo posibilidades de manejarlo sin altos costos?, ¿se podría haber ido reduciendo el subsidio desde el inicio del gobierno si, desde entonces, se sabía que era injusto mantenerlo?).

También se pudo presentar una serie de medidas que compensaran a la gente de los costos asumidos (insisto: hay temas de la Reforma Fiscal que fueron las que iniciaron el descontento social desde inicios de 2014 que se podrían haber revertido, como la deducibilidad de colegiaturas, seguros de gastos médicos o de ciertos consumos en restaurantes, que podrían haber generado atenuantes para la gente).

Se podrían haber recortado gastos a nivel federal, estatal y municipal que quizás no fueran decisivos en términos presupuestales, pero que suelen ser los que más molestan: como los bonos extras, carros, computadoras portátiles, celulares nuevos y renovables cada año para los legisladores. Se podrían reducir los miles de millones que se entregan a los partidos a cambio de nada: no tiene sentido que nuestro sistema electoral sea tan caro y todo a costa de la sociedad. Si los partidos quieren gastar miles de millones que lo hagan, pero que recauden sus propios ingresos: si se les van a entregar recursos públicos deben ser los menores posibles. Muchas otras cosas se podrían haber hecho, pero no se hicieron porque no se previeron o porque hay áreas, como los recursos de los partidos, las elecciones, los congresos o los presupuestos estatales que simplemente no se tocan, pase lo que pase.

Pero hay más: todos los partidos, incluyendo algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional, se han manifestado contra el gasolinazo. Está bien. Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional aseguran que defender a la gente no es sacar ventaja política. Pero todos olvidan que este aumento de la gasolina, en estos porcentajes, lo votaron todos los partidos en el Congreso. Todos le dieron el visto bueno y ninguno protestó cuando se presentó el presupuesto que ellos mismos aprobaron: ¿por qué?, porque se necesitaban mayores recursos, entre otras cosas, para cubrir sus gastos, sus propias partidas presupuestales.

No son los partidos, ninguno en realidad, los que están impulsando los saqueos, pero sí organizaciones sociales ligadas a ellos: desde la Asamblea de Barrios hasta sectores del magisterio disidente. Desde los llamados anarquistas hasta mafias del transporte. Hay, también, una altísima participación de delincuencia organizada y común: muchos de los mil 500 detenidos tienen antecedentes y aprehensiones previas por delitos comunes. Esperemos que esos no sean liberados en las próximas horas.

Eso es lo que se tiene que desactivar y, por eso mismo, no sólo deben haber explicaciones que llegan tarde, sino también acuerdos con quienes votaron la medida, o sea, los partidos en el Congreso, y llegar a acuerdos que permitan ir reduciendo el subsidio a la gasolina en forma gradual, a lo largo del año y efectuando recortes en los gastos realmente superfluos, comenzando, insisto en el propio presupuesto partidario y cambiando un esquema electoral que es ineficiente, caro y que no se ajusta a la realidad.

Los partidos deben autofinanciarse, salvo quizás una cuota mínima de recursos públicos, deben pagar su burocracia, sus gastos y su publicidad. También, se debe bajar la carga fiscal a la gasolina (que es altísima y calculada a través de fórmulas que nadie comprende) aunque sufran con eso algunos gobernadores. No se reducen esas contribuciones porque del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es el que regula la carga fiscal a la gasolina, proviene la parte del león del presupuesto que reciben los estados. Ningún gobernador, de ningún partido, quiere que esas partidas se reduzcan.

Claro que todo esto no compensará los costos de la desaparición del subsidio, pero será un señal de que, por
lo menos, los responsables de este desaguisado social a nivel federal, ejecutivo, legislativo, estatal, municipal y de las dirigencias partidarias, comienzan a comprenden cuál es el problema de fondo: el gasto excesivo, la corrupción, un sistema político y electoral caro e ineficiente, con partidos ricos y sociedades pobres.

Claro que existen coyunturas internacionales de las que no podemos abstraernos, pero sin sensibilidad política y social y sin señales claras hacia la gente, el daño que provocan esas coyunturas crece en forma geométrica. Información Excelsior.com.mx