Seguridad y riesgos presidenciales

Por Jorge Fernández Menéndez

Han sido tantos los hechos de violencia este fin de semana que sería imposible dedicarle el espacio que merece cada uno de ellos. Pero lo que sigue siendo la norma es que los enfrentamientos y ejecuciones ya no son individuales: se acribilla a familias, se mata a niños, los criminales se ensañan con los policías estatales, se disputan cada vez más territorios y los grupos armados dentro de las comunidades se matan entre ellos.

En este contexto se han perdido hasta los principios básicos: ya el asesinato de hijos y familias se ha tornado una norma. Hace unos días cinco mujeres, entre ellas tres niñas, fueron asesinadas en Nicolás Romero, en el estado de México, supuestamente por una deuda de narcomenudeo. Este fin de semana, un policía ministerial, también del Edomex, fue asesinado junto a sus dos hijos menores de edad. Otra familia fue aniquilada en Guaymas, Sonora.

En el escenario de violencia que se está desarrollando en el país hay cuatro ejes nuevos o, por lo menos, distintos, que no pueden ser ignorados: primero, se está recurriendo cada vez más a asesinatos masivos, los cuales comenzaron en bares o restaurantes y se han extendido hasta las viviendas, incluyendo cada vez más a las familias de las víctimas.

En este mismo sentido, se inscriben hechos inéditos, por lo menos de esa magnitud, como el atentado contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Se ha perdido cualquier límite en el ejercicio de la violencia por parte de los grupos criminales.

Segundo, se están atacando en forma directa y cada vez más a las policías locales, acechadas por su vulnerabilidad y también por la corrupción. Esto se relaciona con un tercer elemento: la lucha por territorios se ha ampliado a través de un mayor ejercicio de la violencia, desde Sonora hasta Michoacán, de Zacatecas al Edomex.

Cuarto, los grupos armados (autodefensas, etc), lo mismo en Michoacán que en Guerrero o en Chiapas, son parte del problema y terminan siendo integrantes de los grupos criminales en disputa, no apoyan, sojuzgan a las comunidades.

En ese escenario es comprensible que el gobierno federal ponga toda la atención en la seguridad, incluso porque unas horas después de la visita presidencial a la Casa Blanca el propio Donald Trump sostuvo que su gobierno combatirá sin descanso a los grupos del narcotráfico, aunque nunca tuvo el detalle de explicar si sería en su país o en el nuestro. Pero lo cierto es que mañana y pasado el presidente López Obrador estará de gira por Michoacán y Jalisco, para ver temas de seguridad.

Mañana, el Presidente estará en uno de los epicentros de la violencia en Guanajuato, en Irapuato, donde mantendrá la clásica reunión del gabinete de seguridad e inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional. El jueves estará en Jalisco. Pero, según se informó, todos los recorridos serán por tierra, al tiempo que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo no participará de esa gira y esos encuentros, según se dejó trascender, por razones de seguridad, por temor a algún ataque. Si es así, ¿cuál es el sentido de hacer recorridos por tierra por territorios donde el que manda, por lo menos en muchos de ellos, es el crimen organizado: si Durazo está en riesgo, ¿alguien piensa que el Presidente no?

Se trata de correr riesgos innecesarios en territorio asolados por la violencia. Es verdad que en esos recorridos el Presidente va en un convoy de camionetas blindadas, con un fuerte grupo de seguridad en torno suyo, sobre todo militar. Pero la exposición, insistimos, no es menor.

Más allá de eso, los problemas en seguridad son enormes y algunos deben atenderse desde otros ámbitos, desde la ampliación de la disputa territorial de los cárteles hasta, como dijimos, ya no la violencia cuantitativa, sino cualitativa, cada día mayor y sin límites.

El abandono en el cual están las policías locales (según me indicó el secretario de la Defensa, el general Luis Sandoval, en una entrevista publicada la semana pasada, sólo tres policías locales estarían al nivel que deberían: la de Yucatán, la de Coahuila y la de Nuevo León) las hace vulnerables también por la extensión de la lucha entre cárteles: aquellas policías que trabajaban con un cártel, al penetrar otro su territorio, quedan expuestas y entre dos fuegos. Es lo que ha pasado en Guanajuato y en otros puntos del país.

Pero existen otros problemas estructurales que requieren mucho más que una declaración para solucionarlos. La confrontación entre la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, no es nueva, lo que es nuevo es que se haya tornado ya un enfrentamiento público, abierto y en el que nadie ha intervenido todavía. En una crisis de seguridad como la que vive el país es un lujo que no podemos darnos. Y ésa es una tarea, por el tamaño de los actores, que debe asumir, personalmente, el Presidente de la República.Información Excelsior.com.mx