Socavón, corrupción y sin fiscal

Por. Jorge Fernández Menéndez

A veces, sobre todo en la política, es difícil creer en las casualidades y menos aún en las grandes conspiraciones. Decía Adolfo Bioy Casares que “el mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados… entiendo que subestima la estupidez”. Pero en ocasiones hay hechos, casualidades, que terminan engarzando tan bien para demostrar algo que podría ser parte de esas grandes conspiraciones que muchas veces son simplemente reflejo de la estupidez de sus actores.

Que una obra que se inauguró hace apenas tres meses, luego de una construcción de años y a un costo de miles de millones de pesos, colapsara como sucedió con el Paso Exprés de Cuernavaca, ocasionando, además, la muerte de dos personas, no se lo puede considerar un accidente. El Paso Exprés no colapsó porque le cayó un meteorito o como consecuencia de un evento natural imposible de dimensionar: lo hizo por una suma de negligencias que deben ser primero explicadas y luego sancionadas. Las fallas en la zona de la obra, el reblandecimiento del terreno, la posibilidad de que se produjeran socavones, estaba denunciada desde una semana antes del desplome. Incluso, el gobierno local realizó obras para tratar de mitigar las fallas que se percibían a simple vista. Que ahora se nos diga que en realidad todo se debió a un drenaje que pasa por debajo de la obra y se saturó por la lluvia es inadmisible y en todo caso, si fuera así, uno se imagina que cuando se hace una obra de tal magnitud, se toma en cuenta todo lo que está debajo de ella, desde los drenajes hasta las dinámicas de suelo.

El mismo día que se colapsaba una parte del Paso Exprés, renunciaba el Comité de Acompañamiento Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, ante la evidente incapacidad del Senado de designar al fiscal anticorrupción y completar la estructura del SNA. Sin su fiscal, los delitos que el nuevo sistema tendría que castigar, como los sobornos que pagan empresarios para obtener contratos y concesiones y a los funcionarios que los cobran, los que sirven de prestanombres o a los que cobran o pagan por adjudicar obras o “aligerar sus costos” no pueden procesarse. Las reformas anticorrupción endurecieron las penas contra los funcionarios elegidos por voto popular o que tengan que ser ratificados por alguna de las cámaras del Congreso y que cometan delitos como ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

Todos estos delitos quedarán sin castigo, no se podrán aplicar, porque según los transitorios de la ley, ninguno de ellos tendrá vigencia hasta que el Sistema Anticorrupción esté completo, y se designe, entre otros funcionarios, al fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de la República.

¿Por qué la parálisis? En las reformas al Sistema de Justicia se establece que la PGR se transformará en la Fiscalía General de la República y que el procurador en funciones se convertirá en fiscal general. Eso está en la ley y fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso. Pero luego PRD y PAN exigieron que el nuevo fiscal sea elegido en un proceso autónomo, lo que el PRI y el Verde, rechazan porque no es parte de las leyes y acuerdos aprobados por los propios partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Estos partidos, entonces, han bloqueado el proceso de transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía para evitar que el procurador, en este caso Raúl Cervantes (al que ellos mismos designaron) se convierta en fiscal. En la estructura de la nueva Fiscalía General se inserta la fiscalía anticorrupción que puede actuar con amplios grados de autonomía. Pero el PRI y el Verde se niegan a la designación del fiscal anticorrupción porque el PAN y el PRD no quieren aceptar la del fiscal general.

Resulta evidente que ninguno quiere conceder nada, pero lo cierto es que por este estancamiento, este empecinamiento partidario, no tenemos un fiscal general y tampoco en funciones la nueva Fiscalía General de la República, una pieza fundamental en el Nuevo Sistema de Justicia y Seguridad; no tenemos un fiscal anticorrupción ni el sistema puede entrar en funcionamiento, y además, las principales penas y los nuevos delitos no se pueden aplicar, el Comité Ciudadano Anticorrupción ya renunció y los socavones y colapsos de obras monumentales probablemente quedarán impunes.

Por cierto, y hablando de impunidad. Se ha anunciado el regreso de Marcelo Ebrard en noviembre y ya se le candidatea nada más y nada menos que como el especialista en seguridad (sic) del equipo de López Obrador. Marcelo dijo que se iba por tres días a París y lleva allá y en Estados Unidos viviendo más de dos años. No se le conoce ingreso alguno, pero ha podido vivir estos años moviéndose entre París y Nueva York, hospedándose en hoteles de lujo y alquilando viviendas en las zonas más caras de la capital francesa. Hace unos años nos preguntábamos de qué vivía López Obrador (todavía no lo sabemos) y ahora tenemos que preguntar ¿de qué vive Ebrard? Dicen algunos que de los miles de millones de pesos de la Línea 12, otra obra que colapsó a semanas de ser entregada.