Va mal

Por Pascal Beltrán del Rio

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, en la investigación del presunto lavado de dinero que se atribuye a Ricardo Anaya?

¿Lo querrá ver en la cárcel o, cuando menos, vinculado a proceso, perdiendo de esa manera sus derechos políticos en términos del artículo 38 constitucional fracción II?

Porque más allá de que asista o no la razón legal a la PGR en este caso, no se puede dejar de mencionar que en México el Ministerio Público apenas investiga 8% de los casos que son probablemente constitutivos de delitos.

¿Por qué está éste entre ellos?

¿Por qué dar a conocer las imágenes de la cámara de seguridad del momento en que Anaya visitó a las instalaciones de la SEIDO, donde, de acuerdo con Diego Fernández de Cevallos, todo lo que se pretendía era entregar una carta firmada por el candidato y dirigida al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para quejarse por el uso faccioso de la Procuraduría –palabras de Anaya– en el contexto del proceso electoral?

Los hechos de estos últimos días demuestran por qué necesitamos de una Fiscalía General que no esté a las órdenes del gobierno en turno.

Si la tuviéramos, nadie podría alegar, con razones, que se le investiga para descarrilar su candidatura, y las pesquisas sobre un presunto delito serían sólo eso y carecerían de sentido las acusaciones de que son en realidad una operación política para favorecer a determinado partido.

Eso es justamente lo que está ocurriendo en Brasil, donde está en duda la nueva candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a causa la inminente sentencia que recibirá por corrupción. Pero ahí la justicia ha actuado con independencia.

Los hechos en México debieran recordarnos cómo un proceso penal, si es mal manejado en el contexto de la sucesión presidencial, puede hacer crecer las intenciones de voto del indiciado.

Porque aquí, para los partidos sólo existe la justicia cuando es para los rivales. Si ésta se aplica a los de casa se llama persecución política.

Si la PGR está dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación contra Anaya, debe saber que esto puede significar la elevación de los niveles de conocimiento del candidato de Por México al Frente y probablemente también del apoyo entre los electores potenciales.

Más allá de la responsabilidad que tenga o no Anaya en este caso, esta historia acarreará consecuencias políticas. Puede acabar decidiendo quién será el próximo Presidente de México.

Ayer me dijo Diego Fernández de Cevallos en entrevista radiofónica que la acusación contra Ricardo Anaya no tiene sustento, que el candidato jamás podría ser vinculado a proceso porque los elementos que se han dado a conocer no son constitutivos de delito; al menos no en el caso de Anaya.

Eso pone la pelota en la cancha de la Procuraduría. Como ha retado el propio Anaya: si existe delito, que proceda la PGR.

Hay que atender lo que uno y otro afirman. Pero también lo que me dijo ayer en la radio José Antonio Meade, el candidato de la coalición Todos Por México: “Si se supiera que yo construí y vendí una nave industrial, más allá que hubiese delito o no, la gente querría saber de qué se trata y tendría razón”.

Ante esto, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Todos Haremos Historia y puntero de las encuestas, ha querido aparecer como un simple observador y ha llamado a que “Anaya y Meade declaren ante la Procuraduría”, como si él no llevase a bordo a Napoleón Gómez Urrutia.

Y advirtió a sus rivales que tengan cuidado con su confrontación “porque pueden desestabilizar al país”, como si él, con sus repetidas descalificaciones a las autoridades encargadas de organizar y calificar los comicios de julio, no se colocase en la misma posición.

El proceso electoral va mal. No está a la altura de los retos del país ni de los deseos de los mexicanos de superar los graves problemas que los agravian, principalmente la corrupción y la inseguridad.

Se entiende la necesidad del contraste en una campaña, pero lo que sale de la boca de los protagonistas sólo está abonando a la confrontación, la descalificación de personas –y peor aún, de instituciones– y el desánimo, desinterés y polarización de la ciudadanía.

No exageraré diciendo que un proceso electoral debe ser una fiesta, pero sí creo que debería tener mucho de didáctico y lo único que están enseñando los participantes es cómo destruir una democracia.

Cuando la acaben de hacer jirones, a ver quién la zurce. Información Excelsior.com.mx