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A través de las redes sociales, la imputada acusó al titular del Sistema Producto de Chile Habanero de Yucatán, de quedarse con recursos para programas de capacitación
En una acción por particulares, ayer por la mañana se formuló imputaciones a Ignacia Margarita Torres Sansores, como probable responsable del delito de difamación y en la misma diligencia, fue vinculada a proceso penal por dichos cargos, en el Juzgado Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, a cargo del Licenciado Antonio Bonilla Castañeda.
Según se pudo averiguar, la ahora imputada acusó al querellante Freddy Ríos Urcelay, titular del Sistema Producto de Chile Habanero de Yucatán, de quedarse con millones de pesos que le dieron para apoyos de programas de capacitación.
Lo anterior, a través de las redes sociales como el facebook y la prensa; sin embargo, el agraviado, con pruebas le rebatió los dichos y se destaca que sí utilizó los recursos que fueron canalizados en los rubros correspondientes.
Ayer por la mañana, la mujer se presentó en el Centro de Justicia Oral luego de ser citada por la autoridad y en la audiencia, estuvo asistida por un defensor particular; el asesor jurídico del denunciante expuso que la dama, el viernes 25 de agosto del 2017, acudió a las oficinas de la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a manifestar en forma dolosa y sin fundamento que había irregularidades por recursos entregados para capacitación y otros proyectos públicos por la cantidad de 10 millones de pesos.
Según dijo la ahora acusada, autorizados por el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades a nivel rural, para proyectos de capacitación gestionados por Ríos Urcelay, y salió esa información en los medios.
De la misma forma, un día después arremetió de nueva cuenta, sin prueba fundamentada a través del Diario Peninsular, del desvío de 13 millones de pesos y señaló, en la misma entrevista, que en el año 2015 se le entregó la suma de 10 millones de pesos para capacitación y 3 más por parte de la fundación PRODUCE para la implementación de programas en innovación tecnológica y otros recursos públicos cuyo destino se ignora.
En otras entrevistas a Torres Sansores, afirma que tanto el agraviado como INCA Rural robaron 10 millones de pesos, cantidad relacionada con la entrega de paneles solares.
En su denuncia, el ahora afectado destaca que las manifestaciones hechas por la ahora imputada, lo dejan en un estado de intranquilidad, frustración, sobre todo, lesiona severamente su imagen pública, aunado a que esos ataques hacia su persona han sido constantes y sin fundamento alguno.
Al llevarse al cabo la acción penal por particular que establece el artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se formuló imputaciones a Ignacia Margarita por el delito de difamación, el Juez ordenó el embargo precautorio de un predio de la acusada, le prohibió salir del Estado y concedió un plazo de 2 meses para cierre de investigación.
La sanción máxima a imponer es de 2 años de prisión, y se le puede aplicar una multa u otra salida alterna. Información PorEsto
