lunes , agosto 3 2020
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Y la verdad histórica seguía allí

Por Jorge Fernández Menéndez

El día de hoy, el presiente López Obrador, ya de regreso de su visita a Donald Trump, tiene agendada una reunión con los familiares y asesores de los jóvenes de Ayotzinapa, luego de que, oficialmente, se diera por acabada la llamada verdad histórica, la investigación que realizara en la pasada administración la PGR.

Se ha insistido en que se ha dado un enorme giro al caso Ayotzinapa y se desechó la verdad histórica porque, y eso debe ser reconocido, se lograron identificar los restos de uno de los jóvenes desaparecidos aquel 26 de septiembre, al anunciarse que el análisis de ADN de uno de seis fragmentos óseos encontrados en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, y que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, pertenece a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

No logro entender con qué verdad histórica han terminado. Primero, porque la tesis principal, más allá de los errores que se cometieron en la investigación, de sus carencias o insuficiencias, se sigue confirmando paso a paso: los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala, Cocula y otros municipios, fueron entregados al cártel de Guerreros Unidos, que pensaba que los jóvenes eran parte de un ataque de un cártel rival (Los Rojos), luego de que esa misma noche sí se produjo un ataque armado contra el centro de operaciones de Guerreros Unidos en Iguala. Y los jóvenes fueron asesinados por los sicarios de Guerreros Unidos.

Por lo menos 19 jóvenes, como apuntamos en el libro La noche de Iguala, fueron incinerados en el basurero de Cocula. Los demás fueron llevados a otros lugares. Que los restos de Christian Alfonso hayan sido encontrados a 800 metros del basurero, más allá de que no se ha divulgado cómo se llegó a esos restos, no desmiente nada, al contrario, confirma que en esa zona fueron asesinados, por lo menos, la mitad de los jóvenes.

Recordemos que, según los testimonios de los sicarios detenidos y confesos —y luego liberados, en parte por los amparos que impulsó el actual fiscal especial del caso cuando asesoraba a los familiares de los jóvenes, Omar Gómez Trejo—, varios de los jóvenes llegaron a Cocula en distintas camionetas y algunos ya muertos de asfixia o por golpes. Y fueron incinerados. Christian debe haber sido uno de los jóvenes que fueron llevados a Cocula y en esa misma zona fueron encontrados sus restos. Otros fueron llevados a distintos lugares y habrá que completar la búsqueda para encontrarlos. Será difícil, porque muchos de los asesinos materiales e intelectuales, como dijimos, fueron liberados y algunos de ellos siguen operando con los grupos criminales del estado. Incluso El Mochomo, José Ángel Casarrubias, sigue arraigado, pero su situación legal está sostenida con alfileres porque ya en dos ocasiones ha recibido amparos de distintos jueces, uno de ellos evidentemente corrompido por los familiares del líder de Guerreros Unidos.

Los hechos confirmados, hay que insistir en ese punto, están sustentados en miles de pruebas y documentos, no sólo de la anterior PGR, sino también por testimonios e informes de inteligencia militar y de la DEA, en forma notable por las grabaciones de la agencia estadunidense entre los jefes de Guerreros Unidos en Chicago, cuyos teléfonos estaban intervenidos, con sus sicarios en Iguala, entre ellos el propio Mochomo. Ahí está contada la historia de lo ocurrido aquel día.

Esos hechos fueron distorsionados, paradójicamente, por quienes encabezan ahora la investigación, desde el grupo de expertos hasta los asesores de los padres, que se empeñaron en tratar de demostrar que éste había sido un crimen de Estado, que lo habían perpetrado militares, que los jóvenes podían estar retenidos incluso dentro de un cuartel militar y una larga lista de especulaciones irreales. Todo eso demostró que, lisa y llanamente, era mentira, pero sirvió para que casi un centenar de detenidos hayan recuperado la libertad, mientras que las órdenes de aprehensión libradas son contra exfuncionarios, no contra sicarios o delincuentes.

Mas allá de los errores que se cometieron, un hecho es cierto, Jesús Murillo Karam, entonces procurador de la República, no dijo que todos los jóvenes habían sido incinerados en Cocula. En la última entrevista que ofreció como procurador en 2015 estimó que allí habían sido incinerados alrededor de 30 jóvenes. La investigación posterior de distintos expertos estableció esa cantidad en unos 19 jóvenes incinerados. Pero insistimos en que ninguno de estos hechos niega la tesis central de la verdad histórica: no fue el Estado, como el actual fiscal especial y otros insistieron muchas veces, fueron delincuentes asociados con autoridades municipales los que secuestraron y mataron a los jóvenes creyendo que trabajaban para un cártel rival. Los hechos son tercos, no pueden ser ignorados por especulaciones o juegos políticos.Información Excelsior.com.mx

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