#CensuraNo

Por Yuriria Sierra

La información es poderosa. Con ella se sostienen realidades, pero ésta también necesita de perspectivas, varias, todas, para construirse a través del debate. Para eso existen espacios como éste que lee ahora; esos tantos más en estas mismas páginas y en las de otras publicaciones, para eso son los tantos programas de opinión, los espacios en radio ocupados por analistas. La información también toma forma vía la crítica. Y nuestro entendimiento del entorno se enriquece con aquellos, los señalamientos que se hacen desde la pluma de la prensa y sus articulistas.

Qué peligroso para una sociedad abrir la puerta a la censura en cualquiera de sus formas. Reprobable cuando, claramente, se busca evitar que ciertas voces se escuchen o que de determinados temas no se hable; pero, más aún —y mucho más tramposo—, cuando la intención es callar o castigar voces a través de recovecos legales.

Le pasó a Sergio Aguayo, analista político e investigador de El Colegio de México. Y su caso se convierte en desafortunado precedente, uno que no debe pasar desapercibido, que debe encender todas las alertas. La demanda que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, interpuso en su contra no debió nunca de ser abrazada por un sistema legal que da la razón al demandante y, al mismo tiempo, da un portazo a la libertad de expresión.

“Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos (…) Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que, en el mejor de los escenarios, fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana…”, fueron las palabras que Aguayo escribió en su espacio editorial en Reforma en 2016. El también exdirigente nacional del PRI, detenido en aquel entonces en el País Vasco acusado de lavado de dinero, sintió que lo expresado en un espacio de opinión valía una demanda por daño moral. Peor aún, ya lo habrá leído, fue una postura que respaldó Francisco Castillo González, juez 16 de lo Civil, y que derivó en una amenaza de embargo que cubriría el monto de 10 millones de pesos ordenado por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y que, finalmente, fue amortizada tras el pago de una garantía de casi medio millón de pesos.

Diez millones de pesos como castigo por emitir una opinión de un personaje público, cuya proyección justifica cualquier análisis, más aún si se habla de quien goza de reputación cuestionable. Diez millones de pesos el valor de una libertad de expresión ya de por sí comprometida en tiempos de polarización. ¿Cómo puede un sistema legal permitir estos entendimientos y usos de la ley? Desde este espacio rechazamos cualquier intento de intimidación y reprobamos el uso de la ley para favorecer un sistema aprovechado por quienes ven en él una vía para construirse una imagen insostenible ante la opinión pública. Con este antecedente, ¿qué sucederá en el Senado y la iniciativa que busca que el daño moral sea castigado con algo más que dinero? Toda mi solidaridad, Sergio.

ADDENDUM

Y hablando de un sistema legal violentado: Arturo Millet Reyes recibió pagos por casi tres millones de dólares para la escrituración, tras la compra-venta de 13 terrenos ubicados en Isla Mujeres, en una zona de alta plusvalía. El asunto es que nunca realizó el trámite y tampoco regresó el dinero. Los afectados han debido llegar a los tribunales. El asunto es que Millet Reyes es esposo de Gabriela López, quien fuera asesora de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, así como el excandidato del PRI a la gubernatura de ese mismo estado, Mauricio Sahuí Rivero… y hoy es parte de las filas de Morena. Información Excelsior.com.mx