El affaire Lozoya

Por Yuriria Sierra

Otra oportunidad. Y si se aprovecha, será tal vez la que dé el mensaje más contundente, la que afiance como ninguna otra operación el discurso contra la corrupción. Andrés Manuel López Obrador tiene ya en sus manos la vía para diferenciarse de los gobiernos que abrazaron más que las malas mañas, la impunidad. Porque será acaso la imagen de un político acusado de corrupto tras las rejas, la medalla que espera todo aquel que habla y promete justicia.

Desde luego hablamos de Emilio Lozoya, Alonso Ancira y su entramado dentro del Caso Odebrecht. Al momento en que se escriben estas líneas, sabemos que el exdirector de Pemex tramita un amparo para impedir su detención. Sabemos también, que horas antes, el directivo de Altos Hornos de México fue arrestado por la Interpol en Mallorca, España. Supimos, horas previas, que las cuentas de ambos fueron congeladas, como una primera señal de que las autoridades mexicanas buscan algo en esa relación que ambos han negado desde hace años, cuando el expediente Odebrecht saltó al dominio público continental.

“Jamás he participado en actos de corrupción. Estas publicaciones han mentido reiteradamente en este y otros temas, y jamás han probado sus alegatos…”, escribió Lozoya en su cuenta de Twitter hace casi dos años, luego de la publicación de investigaciones periodísticas que explicaron su relación dentro del organigrama de sobornos de Odebrecht. A pesar de los documentos y los testimonios que se presentaron, no sólo en México, sino también en Brasil, nada sucedió en términos judiciales. El exdirector de la paraestatal y cercano a Enrique Peña Nieto, incluso amenazó con acciones legales por daño moral contra quienes lo acusaron, dijo, sin fundamento.

Lo comentamos aquí hace unos días, cuando la Función Pública lo inhabilitó por 10 años tras confirmar que omitió información en su declaración patrimonial: la FGR debía tomar la batuta y operar y mejorar el expediente que Raúl Cervantes dejó armado antes de salir del despacho de la entonces Procuraduría General de la República.

Y es aquí donde el gobierno de México enfrenta su mayor riesgo, el error histórico que se ha cometido en casi todas las investigaciones armadas en otros sexenios contra personajes de la esfera política: casos débiles, falta de pruebas. Ese error que liberó a Elba Esther Gordillo y a Guillermo Padrés; ése que le dio no más de 10 años de condena a Javier Duarte por su multimillonario enriquecimiento. La Fiscalía General está obligada a presentar un expediente tan lleno de evidencia como de pulcritud. Impensable un error que sea fácilmente aprovechado por la defensa para evidenciar lo que ya se nos han demostrado antes: una casi nula capacidad para el armado de casos y la impartición de justicia. La FGR no puede permitirse un ridículo de esa magnitud, no sólo por lo que significaría en términos de impunidad, México como ese país que junto a Venezuela no castiga a nadie por el caso Odebrecht; sino porque sería una bala en el pie en aquel, el discurso de la justicia y el combate a la corrupción que ha sido bandera desde hace años de quien hoy despecha Palacio Nacional.

A la hora en que se terminan estas líneas, la defensa de Emilio Lozoya asegura que no le han informado si hay una orden de aprehensión contra su cliente. Los abogados de Alonso Ancira afirman que no saben cuáles son los delitos por los que detuvieron al empresario. Repito, la FGR no puede permitirse falla alguna. Información Excelsior.com.mx