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Guerrero: 5 hospitales obligan a niñas y adolescentes a seguir embarazos forzados

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres identificó 5 hospitales públicos que impiden que las menores interrumpan sus embarazos, a pesar de que fueron víctimas de abuso sexual.

El Hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo no es la única institución de salud pública en Guerrero que ha obligado a niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual a continuar con sus embarazos.

Por lo que se convierten en embarazos forzados. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres considera que este se produce cuando una niña o adolescente queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción.

Por lo menos hay otros cuatro hospitales en Guerrero en los que el personal de salud no ha permitido que las menores interrumpan sus embarazos, como sucedió el pasado 14 de febrero con una niña del pueblo me’phaa de 9 años, de acuerdo con la coordinadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Viridiana Gutiérrez.

La defensora de derechos humanos señaló, en entrevista con Grupo Fórmula, que el Hospital General de Taxco es uno de ellos. Ahí hubo tres casos de negación. El último que registraron fue el de una adolescente de 13 años que fue abusada sexualmente por su hermanastro.

El Observatorio acompañó a la víctima y tuvo que recurrir a otras instancias, como a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Víctimas, para que el Hospital hiciera la interrupción.

La institución cedió y, como la víctima tenía 9 semanas de gestación, era posible interrumpir su embarazo con medicamento. Sin embargo, Viridiana Gutiérrez denunció que el director le pidió a la adolescente que se lo tomara en un centro de salud para no “manchar su institución”.

“Aún cuando aceptan darles el servicio a las víctimas las siguen maltratando”, denunció.

Las otras instituciones de Guerrero en las que se han registrado casos de negación son: el Hospital General de Ometepec, el Hospital General de Acapulco y el Hospital General de Tlapa.

La coordinadora del Observatorio reveló que los hospitales no son las únicas instituciones públicas que obligan a las menores a continuar con sus embarazos. Esto se debe a que acompañaron a una menor que realizó una denuncia por violación, junto con su padre, en un Ministerio Público de Iguala.

El DIF municipal intervino y, de acuerdo con Viridiana Gutiérrez, el personal le mostró videos en los que “despedazan fetos” para evitar que abortara.

Asimismo, le dijeron que “ella iba a matar a su hijo y que después de eso iba a tener problemas para volver a embarazarse”. De esa forma lograron convencerla de continuar con el embarazo.

Sí son muchas las negaciones de servicio en salud, pero también existe este discurso del terror con el que son convencidas las niñas y adolescentes porque las mujeres adultas cuando les es negado el servicio vienen con nosotras y ellas mismas deciden si quieren seguir el proceso en Guerrero o se van a la Ciudad de México, donde es una historia distinta, destacó.

Guerrero, con Alerta de Violencia para este problema

Esta situación orilló al Observatorio a solicitar, en 2019, al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Secretaría de Gobernación una Alerta de Violencia de Género por agravio comparado.

Ese año registraron cuatro casos en los que las instituciones públicas impidieron que niñas y adolescentes interrumpieran sus embarazos. A pesar de que fueron producto de una violación.

Viridiana Gutiérrez relató que en 2019 acompañaron a una adolescente de 16 años que fue abusada sexualmente, quedó embarazada tras la agresión y cuando denunció a su agresor el Ministerio Público no le informó que tenía la opción de abortar.

Por ello, la víctima tuvo que continuar con su embarazo hasta las 16 semanas de gestación. La defensora de derechos humanos indicó que en ese tiempo intentó suicidarse dos veces.

Así que juntas decidieron volver al Ministerio Público y solicitar un documento para que la menor pudiera interrumpir el embarazo. La agente que las atendió se negó a garantizar ese derecho al principio, después de revisar el Código Penal para verificar que el aborto por violación está permitido por la ley, “dio la orden con más coraje que ganas”.

“Le dijo ‘tu embarazo ya está muy avanzado, ya tienes un bebé ahí adentro. Si tú no lo quieres regálamelo porque yo sí lo quiero'”, agregó.

Aunque ahí no terminó la revictimización, ya que al día siguiente la menor acudió a un hospital, acompañada de su mamá, y el personal médico le dijo que ya tenía un bebé en su interior.

Los médicos solo le daban dosis mínimas de misoprostol, aseguró la coordinadora, que no le iban a provocar un aborto por lo avanzado de su embarazo.

Este caso le permitió al Observatorio documentar las violencias a las que las niñas y adolescentes se enfrentan en las instituciones cuando quieren concluir un embarazo que fue provocado por una violación y solicitar la alerta.

Después de 2 años no hay avances
La Alerta fue emitida en 2020, aunque Viridiana Gutiérrez señaló que ni tiene avance. De acuerdo con la coordinadora, es la primera alerta del país a la que le dieron 18 meses para eliminar este agravio.

El 11 de febrero, la directora de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Yenedith Barrientos, informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia dará un año más para que la administración actual de Guerrero, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado, cumpla con esta Alerta.

En este sentido, la coordinadora del Observatorio explicó que es necesario realizar una reforma para modificar el Código Penal de la entidad; pues el documento establece que un requisito para acceder al aborto por violación es hacer una denuncia. y las instituciones públicas “se agarran de ese argumento para no otorgar ese servicio a las víctimas”.

La iniciativa de reforma para despenalizar el aborto fue presentada el pasado 12 de enero por la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero e Inmujeres solicitó a los legisladores y legisladoras acelerar la discusión del dictamen. Hasta ahora, no han fijado una fecha para votar el protocolo.

Ello, a pesar de que la Norma Oficial (NOM) 046 establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de salud deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo y que “el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante”.

La Secretaría de Salud del estado detalló, en una solicitud de información, que 38 mujeres que fueron víctimas de violación accedieron a una interrupción del embarazo entre 2017 y 2020. Tal y como lo establece la NOM-046.

Urge creación de protocolo para acabar con los embarazos forzados
Viridiana Gutiérrez también resaltó la importancia de crear un protocolo de atención médica para las víctimas de abuso sexual que están embarazadas y desean abortar. Esto se debe a que el método no es el mismo si las mujeres tienen pocas semanas de gestación o si tienen un embarazo avanzado.

Los protocolos tienen que ser distintos, el tratamiento médico es distinto y eso no está establecido en la Secretaría de Salud porque nosotras hemos registrado que a chicas que tienen de 6 a 7 semanas les hacen legrado o les hacen una intervención quirúrgica, cuando hasta las 12 semanas es muy seguro hacerlo con medicamento, mencionó.

La defensora de derechos humanos dijo que pareciera que las instituciones de salud buscan criminalizar a las víctimas que deciden no continuar con su embarazo.

Aunado a ello, subrayó que es urgente que se cree ese protocolo porque en Guerrero hay un contexto de violencia sexual. En 2021 se registraron 389 presuntos delitos de violación y 115 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de abuso sexual, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, aseveró que no se trata de aborto libre, sino de terminar con los embarazos forzados.

“Podemos decir que en Guerrero la Secretaría de Salud tortura a las víctimas de violencia sexual”, aseguró.

La coordinadora del Observatorio consideró que el protocolo tiene que tener perspectiva intercultural y garantizar que se les proporcione traductores indígenas a las víctimas de comunidades originarias.

Adicionalmente, opinó que debe haber secrecía para no exponer a las víctimas; la atención tiene que ser rápida y eficaz; el personal de salud tiene que creerles y no poner en duda su palabra; es necesario que cuente con perspectiva de género.

Por último, apuntó que es importante que las instituciones de salud de Guerrero consideren la edad de las víctimas de abuso sexual porque no es lo mismo interrumpir el embarazo de niñas y adolescentes que a mujeres adultas. Información Radio Fórmula

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