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López Obrador y la mala administración del poder (II)

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Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con las promesas de desmilitarizar el país y aclarar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lamentablemente, sus palabras se difuminaron rápidamente ante la trágica y compleja realidad.

A su llegada al gobierno, el Estado se encontraba debilitado, principalmente, en los puntos de encuentro entre las instituciones estatales y la sociedad. A su vez, territorialmente dependía (y depende), de la presencia de las Fuerzas Armadas para medio administrar y contener la violencia; y existían pocas capacidades institucionales para enfrentar los flujos migratorios (internos y externos), el tráfico ilícito de drogas y el poder de la industria minera, así como el de otras industrias, cuyo impacto en las dinámicas políticas, económicas e ilegales de los órdenes locales es central para entender lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años.

Pese a la debilidad estatal, también encontró un robusto entramado institucional. Los gobiernos de la transición dejaron una burocracia compleja —pese al mantra neoliberal de tener una burocracia mínima— que así como utilizaba servicios privados para resolver algunos problemas; tenía institutos, direcciones, subdirecciones, etcétera, altamente especializadas en ciertas materias. El problema —que debería estudiarse con más detalle— fue que la burocracia de la transición estaba armada desde una lógica de gestión y no de gobierno, por lo que el entramado institucional era muy robusto “dentro” del Estado, pero mínimo, repito, en los puntos de encuentro con la sociedad.

Frente a este escenario, López Obrador tomó una decisión que considero central para entender su sexenio: en aras de financiar su programa de gobierno y “terminar con la burocracia de oro” redujo las capacidades institucionales “dentro” del Estado, pero también fuera de éste. Eliminó institutos, fusionó áreas y eliminó las consultorías externas. Puso a funcionarios a realizar actividades que antes no les correspondían, a la par de que nuevos funcionarios —algunos sin experiencia en tareas gubernamentales— tenían que lidiar con el aprendizaje que tiene todo nuevo gobierno y el desastre de cambiar de un día para otro el orden burocrático.

Por otra parte, también redujo los pocos servicios que entraban en contacto con los problemas sociales —las estancias infantiles y el seguro popular son los casos más emblemáticos— y los sustituyó por instituciones que no funcionaron —como el Insabi y Segalmex— y por la entrega directa de recursos. El resultado fue que el Estado perdió todavía más facultades de gobierno —al final de cuenta los servicios son centrales para regular el orden social— mientras dotó a los ciudadanos de cierta suma de dinero para satisfacer servicios en la dinámica de mercado ya descrita con anterioridad.

Gracias a la falta de capacidades institucionales para regular el mercado y el territorio; y la incapacidad de las instituciones estatales para cumplir con el mandato “transformador” —producto de la falta de pericia de algunos funcionarios y del desmantelamiento impulsado por el ejecutivo—, el presidente tuvo que recurrir a la única institución con presencia en el territorio, con conocimiento de las dinámicas políticas formales e informales; y cuya burocracia es más vertical que otras: las fuerzas armadas.

Así, López Obrador dotó al ejército de las capacidades necesarias para impulsar su programa, pese a no tener la capacidad política e institucional para controlarlo plenamente o transformarlo. Entre el presidente y las fuerzas armadas no se forjó complicidad, sino una relación asimétrica: el ejecutivo se convirtió en un actor que depende por completo de ellas.

Con la asimetría de fuerzas, el presidente ha decidido renunciar a su promesa de justicia y desmilitarización. Es una renuncia moral, política, pero también es resultado de una mala administración de las capacidades para ejercer el poder que recibió a su llegada a la presidencia. Pero el presidente no sabe reconocer errores ni dar marcha atrás. Así que respira hondo y acepta públicamente su decisión: “sí defiendo al ejército”.

Información Radio Fórmula

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