Son criminales, no opositores

Por Jorge Fernández Menéndez

Pocas cosas, entre las muchas que se han dicho en esta campaña electoral, son más peligrosas e insensatas que la amnistía a los narcotraficantes. Alguien cercano a López Obrador me decía que debería permitirse a quien quisiera dejar las armas, que lo hiciera. Y quizás es verdad, pero lo que sucede es que en la lógica del candidato de Morena la amnistía está contemplada como si fuera un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, que lucha por ideales políticos e ideológicos, y no con grupos de criminales brutales que han hecho del asesinato, la extorsión, el robo y el secuestro su forma de vida.

Con una dato adicional: esos delincuentes lo son porque quieren. Hay casos, sobre todo de campesinos, que terminan en el crimen organizado por presiones de los propios cárteles o por la marginación social en la que viven, pero quienes se han convertido en sicarios y operadores de los cárteles están en esa actividad porque quieren.

Ya hablamos de la “mediación” del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, con capos del narcotráfico en la zona de Tierra Caliente, donde dijo que éstos se comprometieron a “no matar a ningún candidato” si no hay, dice el obispo, compra de votos. Nadie, por supuesto mucho menos el propio obispo, ha explicado por qué diablos un grupo criminal tendría que matar candidatos (hay una explicación: los matan cuando no pertenecen a su propio grupo, ahí está el enfrentamiento entre Guerreros Unidos y Los Rojos para demostrarlo, o cuando los candidatos o presidentes municipales no quieren aceptar las reglas impuestas por los criminales) y por qué se tendría que llegar a un acuerdo con ellos para que, simplemente, no maten a alguien. Mucho menos qué quiere decir eso de que no lo harán siempre y cuando se respete el voto. ¿Desde cuándo el grupo de Los Ardillos, que es el que tiene comunicación cercana y personalísima con el obispo Rangel, está preocupado por los votos? Hay una respuesta: desde que controlan los municipios en torno a Chilpancingo y tres de los cuatro hermanos manejan el cártel y el otro, el cuarto, es un líder de la izquierda, que fue hasta presidente del Congreso local.

Casualmente, otro obispo con amplia agenda política, muy apoyador de la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, el de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló que cuando no hay Estado de derecho, dialogar con los narcotraficantes es una alternativa, siempre y cuando, dijo, se busque la paz. Sostuvo que es éticamente razonable y que apoyaba al obispo de Chilpancingo. Es verdad que en muchas comunidades el Estado de derecho es endeble, el problema es que la actividad de estos obispos lo vulneran aún más.

También López Obrador, en territorios azotados por los narcos en el norte del país, insistió en la amnistía y en elogiar el diálogo de los obispos con los narcotraficantes. Y también Ricardo Anaya defendió esos diálogos (casualmente, el hermano del líder de Los Ardillos es uno de los líderes de las corrientes ultras del PRD en la zona de Tierra Caliente). Están en su derecho a hacerlo, pero olvidan que quieren ser presidente de la República, una labor cuya principal obligación pasa por hacer cumplir las leyes, no en negociar con criminales.

Con esos intentos no habrá paz y tranquilidad, habrá impunidad y mayor violencia. Quienes piensan que esto puede ser similar a los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC no se dan cuenta de que en realidad se parece a aquellos viejos acuerdos que hicieron también en Colombia con Pablo Escobar para que se entregara, no lo extraditaran a Estados Unidos y siguiera dirigiendo el narcotráfico desde una cárcel que se hizo construir para sí mismo. El resultado, después de unas semanas de tranquilidad, fue una orgía de violencia.

LA 7DE7

La mejor carta que tiene José Antonio Meade en esta campaña, además de su probada capacidad profesional, es la honestidad que ha mostrado a lo largo de toda su vida laboral. Ayer presentó su declaración 7de7, como él la llamó, que es una suerte de 3de3 complementada y verificada, con información a detalle sobre su patrimonio. Mientras Ricardo Anaya se encuentra en problemas para explicar su patrimonio y López Obrador presentó una 3de3 donde dice que no tiene nada, ni siquiera una cuenta bancaria porque todo ya lo heredó a sus hijos (¿y qué fue lo que les heredó, y qué tiene su familia y de qué vive entonces?), Meade ha dado un paso adelante que dudo que Anaya y López Obrador quieran o puedan equiparar. Por lo pronto, para el candidato de Morena, pedir explicaciones patrimoniales es, simplemente, “una provocación”.

EL TRIBUNAL DE CHIHUAHUA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un soberano golpe al gobierno de Javier Corral. El mandatario, vía su mayoría en el Congreso estatal, había desconocido y quitado de su cargo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad porque, simplemente, había sido elegido durante el gobierno anterior. Fue una suerte de golpe de Estado judicial. El tema terminó en la Corte, que decidió, por unanimidad, que esa decisión había sido ilegal. Insistió en que había sido una imposición del Legislativo y el Ejecutivo locales sobre el Poder Judicial. Es una decisión trascendental para Chihuahua, pero también para el futuro. Información Excelsior.com.mx